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lunes, 27 de agosto de 2012

Construyendo memoria en Colombia: La masacre de Puente Rojo




Vereda de Puente Rojo, Valle del Cauca


Por Roberto Romero Ospina
*Que no quede en el olvido la matanza de once trabajadores asesinados por el Ejército el 26 de agosto de 1962, hace 50 años, en una vereda perdida del Valle. Y medio siglo después, cuando se habla de que se abre un nuevo proceso de paz, sucesos como este jamás se deben repetir
“Once bandoleros fueron muertos, tres heridos y 43 detenidos durante un combate con fuerzas combinadas del ejército y la policía en el sitio de Puente Rojo, corregimiento de Costa Rica, jurisdicción de Ginebra”, escribió El Tiempo en su primera página del 27 de agosto de 1962.
El titular no era menos escabroso: “Abatida cuadrilla de bandoleros en el Valle”.
La noticia causó revuelo en el país, apenas 20 días después de posesionarse el conservador Guillermo León Valencia como el segundo presidente de la era del Frente Nacional pues de esta manera inauguraba su periodo con la primera masacre de pacíficos trabajadores.
El diario anunciaba que el domingo 26 de agosto y después de haberse recibido una información confidencial, tropas del Batallón Codazzi, asentadas en Palmira, tomaron por asalto una casa campesina de la vereda Puente Rojo.
Según las fuentes castrenses, allí se encontraba el “Capitán Ceniza”, sindicado como un temible bandolero que no se había acogido a los planes pacificadores del Estado.
Según la prensa, el combate se inicio a las dos de la tarde y tuvo una duración aproximada de una hora al cabo de la cual “las fuerzas del orden obtuvieron una gran victoria sobre los violentos”.
Los violentos no eran más que doscientas personas, que convocadas públicamente por la Federación de Trabajadores del Valle Fedetav,muchos venidos de Cali y Palmira, realizaban un bazar y reinado para acopiar fondos para La Liga Campesina de Puente Rojo.
Los soldados al grito de ríndanse y sin esperar respuesta, abrieron fuego contra la inerme concurrencia en la que había decenas de mujeres y niños con el resultado fatal de once muertos y tres heridos graves.
Y por supuesto, por allí no estaba el “Capitán Ceniza” que era la excusa perfecta para escarmentar a los pobladores de la región interesados solo en organizarse contra los terratenientes.
La batalla fue tan desigual, ateniéndonos a la “gran victoria contra los violentos”, que los militares solo encontraron una destartalada carabina .30 y ninguna arma en poder de los asistentes.
“Parte de los malhechores huyeron y escondieron seguramente el armamento en el monte”, relataba sin pudor el corresponsal de El Tiempo citando sus fuentes militares.
Entre los once trabajadores asesinados en aquel falso positivo de los años sesenta, se encontraba uno de los más destacados líderes sindicales del Valle y directivo de Fedetav, el comunista Carlos Julio Arboleda.
La tropa condujo a la cárcel de Palmira, Valle, a 43 personas, entre quienes se encontraban 13 mujeres y cinco niños.
La protesta por la matanza se extendió por el país y decenas de sindicatos realizaron mítines mientras la solidaridad obrera se expresó también en auxilios a las víctimas.
La bancada parlamentaria de Movimiento Revolucionario Liberal MRL, en la oposición, condenó la acción castrense dejando una dura constancia en una sesión plenaria de la Cámara.
Cuatro meses después de la ignominia de Puente Rojo, los 43 detenidos, acusados por la III Brigada como auxiliadores de los bandoleros, fueron puestos en libertad incondicional por un juez de Palmira.
Pero nada se dijo de los culpables de esta arbitrariedad sin nombre, cometida el mismo día en que a pocos kilómetros de Puente Rojo, en Toro, una cuadrilla de maleantes asaltó una finca donde se reunía un numeroso grupo de empresarios vallunos matando a 24 personas.
Buscaban al ministro de Justicia Héctor Charry Samper quien no había asistido al ágape. 
Con razón se preguntaba Fedetav, qué hacían las tropas en Puente Rojo, en una fiesta campesina, mientras masacraban a la élite agraria del Valle.
Un año después de los hechos, centenares de sindicalistas del Valle visitaron la vereda de Puente Rojo para asistir una asamblea de labriegos llena de simbolismo: apadrinaron la fundación del sindicato que aquel 26 de agosto, a sangre fuego, se quiso impedir.
Y medio siglo después, cuando se habla con cierta certeza de que se abre un nuevo proceso de paz, sucesos como los de Puente Rojo jamás se deben repetir.


sábado, 25 de agosto de 2012

Hace un cuarto de siglo, un 25 de agosto, Medellìn sufrió la peor andanada paramilitar contra la inteligencia

Construyendo memoria en Colombia. . .

De izquierda a derecha, Héctor Abad Gómez,
Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez





Hace un cuarto de siglo, un 25 de agosto, Medellìn sufrió la peor andanada paramilitar contra la inteligencia


Por Roberto Romero Ospina, tomado del Centro de Memoría
(
http://www.centromemoria.gov.co/)


*Hace 25 años, fueron asesinados  el maestro Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, y  los profesores de medicina y luchadores por los Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez  y Leonardo Betancur. La protesta se extendió por todo el país con paros de educadores y movilizaciones.  En Bogotá, durante la jornada de lucha, fue asesinado a balazos el estudiante  de la Universidad Nacional, Luis Alberto Parada Pedraza. Las confesiones de Don Berna cinco lustros después

Los criminales andaban sueltos. Y no temían nada ante el manto  de impunidad que los cubría en todo Antioquia. Por eso actuaron a la luz del día y en una racha sin precedentes, con alevosía de espanto, fueron capaces de asesinar a tres personalidades paisas y luchadores sociales con intervalo de horas aquel aciago 25 agosto de 1987. Hoy hace exactos veinticinco años, un cuarto de siglo.

Primero fue el maestro


Primero fue el maestro Luis Felipe Vélez, de 33 años, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA y dirigente de la CUT. Acribillado a las 7:30 de la mañana cuando entraba a las oficinas del sindicato.

Y después el eminente médico liberal, Héctor Abad Gómez, 62 años, presidente dela seccional del  Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien cayera junto a su ex alumno y amigo, Leonardo Betancur, 38 años, vicepresidente de  la Asociación Médica de Antioquia AMDA y dirigente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia ASOPRUDEA.

Gómez y Betancur fueron atacados a las cinco de la tarde cuando iban a ingresar a la sede de ADIDA a presentar su pésame a los trabajadores del magisterio por el asesinato de Luis Felipe.

Héctor Abad no alcanzó a entrar a la sede sindical, una ráfaga de tiros  lo mató en el acto. Leonardo logró huir un trecho refugiándose en la cocina de la directiva sindical, pero allí llegaron los sicarios ultimándolo sin contemplación alguna y en medio del  concurrido  velorio.
Ese año de 1987 iba a marcar profundamente a Colombia. Con apenas dos años de haber nacido como una nueva opción política, la Unión Patriótica, en solo seis meses de campaña,  había obtenido  370 mil votos por su candidato presidencial  Jaime Pardo Leal, la más alta votación de la izquierda en toda su historia.

Los enemigos de los cambios, bien afincados en el establecimiento, no iban a aceptar de buenas a primeras semejante recomposición electoral. Y ese 1987 fue señalado como el comienzo del exterminio que culminaría con la propia ejecución de Pardo Leal el 11 de octubre.

La protesta ante el extermino de la UP  y la cuenta de cobro

En Antioquia, donde la UP se convirtió en la primera fuerza en varias regiones, en especial en Urabá, y con gran crecimiento en Medellín, decenas  de líderes y simpatizantes comenzaron a caer asesinados,  otros eran desaparecidos a manos de grupos de sicarios, la mayor de las veces con la complicidad oficial mientras la modalidad de la masacres sembraba el terror en campos y veredas.

La protesta no tardó en organizarse y se convocaban marchas contra el crimen. Una de ellas en favor de la vida, tuvo lugar el jueves 13 de agosto de 1987. Salió de la Universidad de Antioquia respaldada por millares de estudiantes, profesores y activistas de  Derechos Humanos.

Al frente iban los dirigentes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,  los profesores universitarios Leonardo Betancur Taborda, Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia Giraldo, y los líderes del magisterio sindicalizado, entre ellos Luis Felipe Vélez.

Un día después vendría el castigo: en la mañana del viernes 14 de agosto, en su residencia,vecina de las propias  instalaciones de la IV Brigada del Ejército, y tras estrellar un vehículo contra la puerta del garaje, los asesinos ingresaron a la casa de  Pedro Luis Valencia Giraldo para darle muerte.

Valencia, médico y profesor de la Universidad de Antioquia, reconocido defensor de los Derechos Humanos, militante del Partido Comunista y Senador de la República por la Unión Patriótica, había dedicado toda su vida a la militancia y al trabajo social.

Y once días después, el 25 de agosto, los otros tres líderes de la marcha serían inmolados: Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.El mismo 25, como queriendo amedrentar para siempre a todo el magisterio, fueron  heridos gravemente por sicarios los educadores Aura Gutiérrez Taborda, Israel Gómez Delgado y Abel Gómez de la Universidad de Antioquia.

Los crímenes enardecen a todos

ADIDA, que agrupa a todos los maestros y con el respaldo de la CUT, decretó un paro de 72 horas, iniciativa que ganó rápidamente el apoyo nacional. Decenas de manifestaciones y cese de actividades se dieron en todo el país.

La consigna por el derecho a la vida, las libertades democráticas y por el levantamiento del Estado de Sitio,movilizaron a millares de colombianos.

En Bogotá,  la protesta por los crímenes de Medellín se reflejó en una marcha del silencio que copó gran parte de la Plaza de Bolívar. Miles de estudiantes ocuparon las calles y parte de la muestra que salió de la Universidad Nacional fue atacada a bala por patrullas de la Policía muriendo el estudiantes de tercer año de Derecho, Luis Alberto Parada Pedraza,  por un tiro en el cráneo cuando transitaba por la carrera 26 con calle 25.

Betancur, quien había dejado el gobierno un año antes, a nombre del partido conservador se limitó a decir que el país “vive un momento de gran confusión que obliga a actuar con serenidad y templanza”. Sobran los comentarios.

Por su parte, Luis Carlos Galán, jefe del Nuevo Liberalismo y quien se perfilaba con el candidato presidencial sin rival a la vista, señaló que el país padece “una guerra sucia con atentados, desapariciones y amenazas que buscan la desestabilización”.

Y El tiempo editorializó lamentando los hechos de violencia de Medellín al tiempo que condenabalas movilizaciones populares y los paros del magisterio pues “promovían los desórdenes de quienes buscan el caos de la nación”.

Las confesiones de Don Berna, veinticinco años después

Por los crímenes de estos defensores de Derechos Humanos jamás hubo un detenido. A comienzos de febrero de 2012, un cuarto de siglo después, durante su tercer día de versión libre en el proceso de Justicia y Paz, el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró que Carlos Castaño,  fue el determinador del asesinato de Héctor Abad Gómez.

La operación se ordenó, según Don Berna, porque el médico “hacía denuncias que afectaban a las Fuerzas Armadas, haciéndole el juego al EPL. Por eso, Carlos tomó la decisión de ejecutarlo”.

Sobre el crimen del senador  por la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia, ocurrido el 14 de agosto de 1987, recordó que “Carlos fue personalmente a ese operativo con miembros de la IV Brigada”, y agregó que Castaño también estuvo detrás del homicidio del líder de los educadores de Antioquia, Luis Felipe Vélez.

Don Berna indicó  que todos estos crímenes hicieron parte de una estrategia de los paramilitares para apoderarse de la capital antioqueña. “Para finales de los ochenta, quien tenía el control de la guerra urbana en Medellín era Carlos, que lideraba un grupo de cinco o seis hombres, ayudados por militares, para ejecutar acciones contra la guerrilla”.

Sin embargo, cuando la Fiscalía le preguntó qué miembros de la fuerza pública ayudaron a Castaño en su plan para apoderarse de la ciudad, Don Berna guardó silencio y dijo que por problemas de seguridad preferiría no mencionar a nadie.

Al único al que se refirió fue al general FaroukYanine Díaz, ya fallecido, que en vida fue señalado, además, como responsable de la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989.

Respecto a él, Don Berna, que se encuentra recluido en los Estados Unidos pagando una pena por narcotráfico, dijo, como cita El Espectador en su edición de febrero 15 de 2012:  “Este general era clave en la lucha antisubversiva y en el apoyo a las autodefensas en asuntos logísticos, de relaciones con otros oficiales y con información”.

Los discípulos del general Millán Astray

En ese mismo año de 1987, entre los meses de julio y diciembre fueron asesinados: Darío Garrido Ruiz, profesor de la Facultad de Odontología; Edison Castaño Ortega, estudiante de la Facultad de Odontología; José Abad Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria; Yowaldin Cardeño Cardona, estudiante del Liceo Autónomo; José Ignacio Londoño, estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo.

Así mismo  John Jairo Villa Peláez, estudiante de la Facultad de Derecho; Carlos López Bedoya, profesor del Departamento de Antropología; José Ignacio Uribe Londoño, estudiante; Gustavo Franco Marín, estudiante de la Facultad de Ingeniería; Rodrigo Guzmán, médico internista del Hospital San Vicente de Paúl.

Y también Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina; Marina Ramírez, estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica; Francisco Gaviria, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y el humanista, abogado, antropólogo, teólogo y filósofo Luis Fernando Vélez Vélez, profesor e investigador, todos de la Universidad de Antioquia. Catorce integrantes del alma mater asesinados, uno cada quince días.

Una verdadera razzia contra  la intelectualidad progresista. Los perpetradores  cumplian al pie de la letra el lema del general fascista español Millán-Astray de “Viva la muerte, abajo la inteligencia”, que respondiera sabiamente  Unamumo en la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, ¨podrán tener la fuerza, jamás la razón¨.

Héctor Abad Faciolince, hijo de Abad Gómez, escribió uno de los más hermosos textos sobre el padre. Que retrata todo lo bueno de los progenitores  con un título tomado de un poema de Borges: El olvido que seremos.

Abad Faciolince dice que "Nunca entendimos que lo hubieran matado ni que el traje con sangre que me entregaron en el anfiteatro pudiera ser su traje con su sangre”.

“¡Nunca sangre tan roja entre mis dedos! Había en los bolsillos un poemade Borges, «Epitafio», una lista de muerte con su nombre,y una bala incrustadaen el forro del cuello. La bala fue una de las seis que lo mataron y no la conservamos;los nombres de la lista fueron siendo borrados, en los meses siguientes, por los asesinos”.

“El poema decía:Ya somos el olvido que seremos.Y es verdad. A veces lo olvidamos.Yo voy a recordarlo el día en que me muera".

Sin embargo,  la memoria se resiste al olvido. No seremos el olvido como señalaba Borges. Por el contrario, el movimiento social por el rescate de la memoria histórica adquiere nuevas dimensiones  para que nadie, víctima de la violencia,  permanezca relegado en el recuerdo.

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

sábado, 18 de agosto de 2012

Nuevo estudio: “Un sindicalista asesinado cada 72 horas” en Colombia





La muerte de sindicalistas en Colombia, para la historia universal de la infamia

*A propósito de la presentación del libro “Violencia contra el sindicalismo, 1984-2010”

 

Por Roberto Romero Ospina, fuente el Centro de Memoria

Roberto Romero
BOGOTA / 2012-08-18 / Bueno, que el propio gobierno nacional participe en una investigación sobre los crímenes contra el movimiento sindical y además avale un libro de más de 400 páginas, donde se recopilan las violaciones a los derechos humanos en este sector en el periodo 1984-2010, ya es un paso importante.

Así lo registraron los investigadores Mauricio Archila y Ricardo Sánchez, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón y el presidente nacional de la CUT, Domingo Tovar en el evento de presentación del texto este 16 de agosto en el Cinep.

Sin embargo, el resultado de la sesuda pesquisa, que embargó casi dos años de trabajo en los que fue parte fundamental el Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Presidencia de la República, ya comenzó a ser cuestionado, incluso por los mismos que contribuyeron a la indagación.

Los sectores más golpeados

Domingo Tovar
Antes de adentrarnos en el examen de las críticas, es conveniente una mínima presentación de la obra. Ella se divide en siete grandes capítulos que recogen las áreas laborales más violentadas en estos 26 años que resume el trabajo.
Se trata de los sectores del banano, cemento, palma aceitera, alimentos, salud pública, magisterio y petróleo.

Las cifras demuestran que el arrasamiento de los sindicatos bananeros y cementeros no ha tenido antecedentes en Colombia. Aquí está todo el drama de Urabá, que desde 1985 conoció la barbarie en centenares de plantaciones con decenas de muertos, en especial de líderes sindicales. Y qué decir de los trabajadores del cemento, en especial los del Magdalena Medio.

En los dos casos, paramilitares, con el auspicio de grandes empresarios y agentes del Estado, orquestaron una razzia de exterminio sin nombre.

Detenerse sobre lo que pasó en estas dos regiones demandaría decenas de página. La lista de los muertos, entre ellos los más destacados cuadros obreros, cuya preparación les demandó años, llenaría cuadernos enteros.

Un sindicalista asesinado cada 72 horas

El libro señala que en el lapso escudriñado, las violaciones a los derechos humanos en el movimiento sindical fueron 4785 y los muertos 3000. Es decir, 125 atropellos, uno cada tercer día, y 115 asesinatos por año: un muerto cada 72 horas. ¿Habrá en el mundo un cuadro igual de aniquilamiento social?

“Solo en lo que va corrido en 2012 ya van 13 sindicalistas muertos”, recordó en el foro, el presidente de la CUT, Domingo Tovar

La torta de las cifras macabras que trae el libro da cuenta del reparto de los autores de estos crímenes y violaciones:

AUTORES:
ASESINATOS
Fuerzas Armadas y Policía
518
Fiscalía
80
DAS
20
Sin identificar
1874
Paramilitares
1932
Guerrilla
207
grupos sin identificar
68
Sicarios
71

Llama la atención que entre militares, policías, paramilitares, DAS y Fiscalía correspondan 2550 víctimas, el 52% del total. Pero llama aun más la atención que 1874 casos se remitan a un extraño: “sin autor conocido”.

La planta de la fábrica de cemento en Yumbo del Valle 1988. En la chimenea, los obreros
han pintado la frase: “Estamos en paro por el Derecho a la Vida”. El paro duró seis
semanas. Pero el exterminio de los obreros sindicalizados a penas había comenzado.

La Fiscalía o el reino de la impunidad

¿Cómo es posible que la Fiscalía, en un casi 40% de los atentados contra el movimiento sindical no tenga la más remota idea de los autores? Así como no la tiene tampoco en materia de muchos crímenes contra la población. El reino de la impunidad que precisamente alienta a los criminales a perpetuar su ronda de la muerte.

Otro dato aterrador registra la obra: la tasa de sindicalización pasó del 9.3%, del total de la población trabajadora en 1984, al triste 4.2% en 2009. La más baja en Suramérica y una de las peores del mundo entero.

Colombia ostenta, pues, el mayor índice de sindicalistas asesinados en el planeta y la más baja tasa de afiliaciones sindicales. La cifra de trabajadores que hoy hacen parte de sindicatos, corresponde al número de asociados que había en 1944. Como si el país se hubiera estancado en 70 años.

Todo esto se puede explicar por la política integral, sostenida y sistemática, encaminada a demoler toda expresión organizada de los trabajadores, para que no se integren a la lucha por sus derechos.

Lo dicen los mismos cuadros sobre las luchas sindicales en estos años: una baja en flecha de las movilizaciones y sobre todo, de las huelgas.

Las objeciones razonables

Y de ahí las razonables objeciones al libro. El profesor Ricardo Sánchez, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y hoy director de estudios de posgrado de Historia en el mismo centro, y quien, como la CUT, la CGT, la CTC , y el CINEP, fueron invitados a participar en los trabajos de investigación, señaló los grandes vacios.

Indicó que allí no se esclarecía el carácter de los crímenes contra el sindicalismo que para él corresponde a un eje sistémico dirigido a aniquilar al movimiento obrero, desde el empresariado y el aparato del Estado. Puso como ejemplo el DAS como institución y no solo a sus agentes como establece el libro.

“Esto no se dice en ninguna parte de la obra, como si los crímenes correspondieran a autores aislados, separados de toda una política programada para arrasar al movimiento sindical”, enfatizó.

Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, tras señalar que si bien las críticas de Sánchez eran para tener en cuenta, saludó el resultado final de la investigación como un paso importante que debe llamar la atención del mundo sobre lo que está pasando en el país contra el movimiento sindical.


Robinson Olivero, fue impuesto por el jefe paramilitar
como presidente del sindicato bananero en Ciénaga
después que Carlos Tijera ordenara el asesinato de
José Guette como presidente. Así hicieron las AUC
también en la otra región bananera en Colombia, Urabá.

Es más barato pagar a un sicario

Cerró el panel Domingo Tovar, quien subrayó que la CUT no quiso involucrarse en este trabajo de investigación por no compartir algunos elementos metodológicos de la misma y anuncio que la central muy pronto publicará su propio estudio sobre las violaciones de los derechos humanos al movimiento sindical.

“Las violaciones aquí presentadas hacen parte del conflicto interno. Son sistémicas, continúas y programadas, con el fin de implementar el modelo de ganancia de los grandes capitalistas, auspiciado desde el propio gobierno. El que se atraviese, lleva”, denunció.

Tovar declaró que es tan perverso este sistema que los empresarios prefieren pagar a un sicario para que se elimine a un dirigente sindical, atemorizando a toda la organización, lo que le sale mucho más barato, que embarcarse en una negociación con un sindicato.

En el foro quedó claro que las tesis iniciales de un sector del PNUD y del gobierno, que planteaban que la muerte de sindicalistas también tenía que ver con una supuesta vinculación a las guerrillas, no tenían ningún asidero y bajo la firmeza de los investigadores, terminó siendo rechazada frontalmente y por lo tanto no se registra en el texto.

La polémica sobre esta investigación, apenas comienza. Los trabajadores tienen la palabra para esclarecer, ahora que se habla tanto de reparación, estos crímenes que bien podrían hacer parte de la obra de Jorge Luis Borges, La historia universal de la infamia.

Los lectores interesados en ver los videos que recogen el panel del CINEP pueden ir a: http://www.cinep.org.co/

domingo, 24 de junio de 2012

El jefe guerrillero liberal Guadalupe Salcedo Unda y una carta de El Tiempo al ministro guerrerista

Guerrilleros liberales y Guadalupe Salcedo (centro).


Como el estado colombiano asesinó al jefe guerrillero liberal y el papel sucio de El Tiempo


2012-06-24 / En nuevo trabajo investigativo, el periodista veterano Roberto Romero Ospina presenta un documento inédito para los lectores del Centro de Memoria Paz y Reconciliación en Bogotá.
Roberto Romero Ospina
En el artículo abajo describe cómo la guerrilla liberal de los Llanos, bajo el mando de Guadalupe Salcedo, entregó las armas en los acuerdos de paz de 1954 y como Salcedo posteriormente, 1957, fue asesinado en quemarropa por la policía en Bogota. Estos hechos han sido ampliamente documentos en Colombia.
Pero lo que Romero ha logrado rescatar del archivo de la Presidencia en Bogota, es una carta confidencial de Enrique Santos Montejo, Calibán (1886-1971), tercera cabeza del Clan del El Tiempo, principal órgano Liberal en Colombia y propiedad de la familia Santos. La carta tiene la fecha 20 de julio de 1952 y es dirigida al ministro laureanista del gobierno conservador cuyo contenido es penoso a leer para un liberal colombiano.
En ella jura su condena por la acción de la guerrilla liberal en contra el ejército conservador que tuvo 96 bajas, promete publicar los nombres y apellidos de liberales públicos que respalda la guerrilla liberal en los Llanos.
La historia se repite. En 1993 fueron asesinados los negociadores de la disidencia de ELN, Corriente de Renovación Socialista cuando llegó el ejército y el coronel de las tropas ordenó a matar a los dos negociadores de la guerrilla que recibieron 46 impactos. Cada acuerdo y negociación entre las FARC, ELN y el los regímenes de turno han sido preparadas con trampas y rotos en forma traicionera. El entierro del estado de la misma Unión Patriótica es la ilustración de la actitud y del carácter que tiene el estado de solucionar los conflictos en Colombia. El “abrigo” para avalar el terrorismo de estado y la guerra del establecimiento han sido los medios de comunicación como, en el caso abajo, han sido jefes y dueños de El Tiempo.
Tenía toda la razón Manuel Marulanda que decía, cuando recibió en el San Vicente de Caguán a los periodistas colombianos, que “tienen una deudita con el pueblo colombiano”. Sin los medios y su guerra mediática manipuladora, la guerra en Colombia habría tenido otro rumbo en la historia.
Dick Emanuelsson, subdirector ANNCOL
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Guadalupe Salcedo Unda, sin olvido
Por Roberto Romero Ospina
Un campesino con el retrato del legendario guerrillero
liberal de los Llanos, Guadalupe Salcedo.


Pasan los años y aún todos los llaneros recuerdan a su Capitán como lo muestra esta foto reciente de un campesino portando un retrato del legendario guerrillero liberal
*Revelamos un pasaje inédito del comportamiento de El Tiempo contra las guerrillas liberales del Llano. Lea la carta confidencial de Enrique Santos Montejo, Calibán, del 20 de julio de 1952, al ministro laureanista de Gobierno condenando las acciones de los alzados en armas y que revela de cuerpo entero el comportamiento político del principal diario de Colombia. Pique aquí para ver fascimil hasta ahora inédito Hoja 1 Hoja 2
La iglesia de Santa Ana, en Teusaquillo, solo podía albergar a 300 feligreses, y ese 9 de junio de 1957, en la misa por el alma de Guadalupe Salcedo, más de cinco mil personas ocupaban todos sus alrededores.
No había pasado un mes de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, y el legendario comandante guerrillero Guadalupe Salcedo Unda, llamado el Capitán, era asesinado junto con uno de sus fieles escoltas el 6 de junio de aquel año en una cantina de la zona industrial de Puente Aranda, en Bogotá.
Una patrulla policial que los había conminado a salir con las manos en alto, como en efecto lo hicieron, le disparó sin ningún miramiento. Nunca prosperó una investigación en serio a pesar de que se conocieron los nombres de los gendarmes. El país lo regía una Junta Militar de cinco generales tras la caída de Rojas.
Luego de la misa a la una de la tarde del 9, las cinco mil personas que acudieron a la iglesia de Santa Ana, desfilaron su ira en el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Central: quince cuadras de dolor y rechazo a la traición que sufriera Guadalupe Salcedo, a quien no se le respetó la vida tras firmar la paz en los acuerdos de 1954 y ordenar la entrega de las armas de más de cinco mil guerrilleros liberales. Con 30 años, contaba ya con el reconocimiento nacional como una forma de rechazo a la violencia sectaria de los chulavitas, los paramilitares de entonces, aupados por el Estado.


Salcedo dirigió varias operaciones militares contundentes contra el gobierno conservador de Laureano Gómez, como la toma de Orocué, Casanare. Una mañana de 1952, en el sitio conocido como El Turpial, tendió una emboscada a la unidad de infantería integrada por 200 hombres del ejército, quien sufrió 96 bajas.
Jamás, en todos estos años de violencia, ha tenido lugar un choque semejante con tantas pérdidas oficiales. El Ejército, sufrió grandes reveses en la confrontación a manos de las guerrillas liberales de origen gaitanista, operaciones que comenzaron a condenar los jerarcas del partido tras su tímido apoyo inicial.
Un documento del conocido columnista de El Tiempo, Enrique Santos Montejo, Calibán, inédito hasta hoy y obtenido en los archivos de la Presidencia de la República por este investigador, da cuenta del rechazo que le produjo al periodista la toma de Orucué. Aquella Danza de las horas, como se llamaba la columna de opinión, fue censurada, lo que motivo una airada carta de Santos al ministro de Gobierno de entonces, Ignacio Andrade y en la que enfatiza su rechazo a las guerrillas liberales.

Enrique Santos Montejo (centro, 1886-1971) con los nietos del Clan de El Tiempo;Enrique Santos Castillo (1917-2001) y Enrique Santos Calderón (1945), éste
último ex director de El Tiempo. Los otros Santos como el ex vicepresidente
Francisco y Juan Manuel Santos han sido jefes y o grandes accionistas del Imperio
mediático que "En Colombia pone y quita presidentes", como dice la gente común.
Guadalupe Salcedo, sin duda, fue el más aguerrido de los alzados en armas contra la violencia oficial iniciada en 1945 contra el pueblo liberal, todo gaitanista.
El líder llanero, quien naciera en 1924 en Paz de Ariporo en el seno de una familia ganadera, de padre venezolano y una indígena de la región, empuño las armas a los 25 años y organizó, con una estrategia que envidiarían los más experimentados mandos castrenses, a miles de combatientes que muy pronto se tomaron los Llanos orientales con golpes tan certero como el ya citado de Orucué.
El 22 de julio de 1953, dos meses después del golpe de Estado de Rojas Pinilla que terminó la dictadura de Laureano Gómez, las guerrillas liberales pusieron fin a sus operaciones militares. Atrás quedaban sus dos grandes Leyes, entre ellas la Ley del Llano, que habían promulgado en una zona que ya se mantenía como liberada: adelantar actividades de planificación de la producción en las zonas donde actuaban los frentes guerrilleros y la constitución de un Estado independiente de facto en el Llano.
Han pasado 55 años exactos del asesinato del Capitán y casi medio siglo de conflicto armado. Una guerra que asienta sus raíces en causas históricas que la explican claramente, pero que suelen olvidar quienes tienen las llaves de paz en su bolsillo.
La segunda hoja de la carta de Santos al ministro.
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Carta de Calibán

Publicamos en forma íntegra, la carta confidencial de Enrique Santos Montejo , Calibán, al ministro de Gobierno de la dictadura de Laureno Gómez, Ignacio Andrade, el 20 de julio de 1952, pocos días después de la acción de los guerrilleros de los Llanos contra las tropas oficiales con un saldo de 96 soldados muertos.


Julio 20. Día de la patria

Señor D. is (ministro) Ignacio Andrade
Ministro de Gobierno.

Muy estimado ministro y amigo:

Escribí anoche la Danza que en pruebas te incluyo. La escribí guiado únicamente por el deber de la pacificación… Además de la natural protesta contra la atroz masacre de los Llanos, incluí una desautorización definitiva e indignada de las actividades belicosas de los guerrilleros.

Naturalmente aludía a la violencia conservadora, porque no era equitativo increpar solo a los liberales. Si así lo hubiera hecho, mis palabras habrían carecido de autoridad. Tus censores, con una incomprensión fantástica, vetaron toda la Danza. Espero que confirme las promesas las promesas que has hecho, autorices su publicación ya. El Siglo de hoy grita que los liberales no condenan la masacre de los Llanos ni desautorizan a los guerrilleros. Y cuando yo trato de hacerlo, me lo impiden. Naturalmente El Siglo seguirá con el mismo tema.
Al presidente le dirijo una carta en este mismo sentido, y le pido que si tiene documentos que prueben la complicidad de liberales respetables en las actividades subversivas, publique sin reserva los nombres y ejerza sobre ellos la sanción del caso; yo afirmo que no hay tal. Que no se podrá deducir a ningún liberal de categoría el menor cargo en esta materia. Sería yo el primero en condenar al o a los que estimularan el desorden y la matanza. El problema de los bandidos es cosa aparte. Lo son todos los que operan en las márgenes del Magdalena y esa es una simple cuestión de policía, sin nexos ningunos con la política.
No sé si el cobarde atentado de que fue víctima la residencia de Roberto García Peña (director de El Tiempo, nota de este investigador) sea el principio de la política de vindicta y castigo proclamada por los periódicos conservadores. Si así fuere, mi estimado amigo, vamos camino del desastre total, del que no se libraran los conservadores. Aunque tú creas otra cosa.
Soy un pésimo mecanógrafo y un peor calígrafo, pero no quiero confiar esta carta, que es confidencia, a una secretaria. Sabrás excusar los errores de que esta plagada.

Quedo tu atento amigo,
(Aparece la firma de Enrique Santos Montejo).