Hoy 23 de
febrero se cumplen 50 años de la masacre de cementos El Cairo
Un crimen de
Estado sin perdón y olvido
Por
Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
“Listos,
apunten, fuego”. Así, literalmente, fue la orden que decenas de trabajadores
oyeron aquella tarde de sábado en las afueras de la fábrica. No podían creer
que las tropas recibieran el bando de muerte por defender sus derechos.
El 23 de
febrero de 1963, hace medio siglo exacto, cuando los obreros de cementos El
Cairo, en Santa Bárbara, a 502 kilómetros al sur de Medellín, se apostaron a la
salida de la factoría para impedir que una caravana de 40 volquetas cargadas de
klinker, -- una de las materias primas para la producción de cemento—salieran a
las instalaciones de cementos Argos hacia Medellín, los soldados al mando del
capitán Guzmán y el sargento Jaramillo, abrieron “fuego a esa gente”.
Como recuerda
hoy Sutimac, el sindicato de los obreros de la construcción, enseguida se
inició una cerrada descarga de fusiles que apuntaban en todas las direcciones.
Entonces empezaron a caer los primeros heridos y varios muertos, entre ellos la
niña de 12 años, María Edilma Zapata, hija del trabajador y sindicalista
cementero Luís Eduardo Zapata García.
Santa Bárbara,
conocida como el poblado de los bellos paisajes y cuna de la cordialidad,
conocía la peor tragedia de su historia: trece muertos y dos docenas de heridos
graves, todos a punta de fusil.
El país estaba
consternado y el ministro de Trabajo de la época, el conservador Belisario
Betancur, quien no daba instrucciones serias para resolver el litigio laboral,
se limitó a decir que lamentaba la tragedia.
Por lo menos un
lamento. Por que el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez y dueño el
periódico El Colombiano no dejaba pasar un día sin insultar en las páginas de
su vocero a la organización sindical que exigía mejores salarios y respeto a
sus derechos.
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| El cómplice intelectual de la matanza a los obreros; el Gobernador Fernando Gómez Martínez, dueño del diario El Colombiano, que desde su trinchera de terrorismo mediático atacó sistemáticamente a la organización sindical por irresponsable. En la foto con el poder militar e de la Iglesia Católica |
Para los
trabajadores, entre los responsables de esta masacre están las directivas de
Cementos El Cairo, el Presidente de la República, Guillermo León Valencia, el
Coronel Armando Valencia Paredes, el Capitán Guzmán y el Sargento. Pero jamás
fueron llamados a juicio y las investigaciones se extraviaron entre juzgados y
tribunales.
Hoy sábado
tuvieron lugar varios homenajes en Santa Bárbara, la ciudad antioqueña de la
cordialidad, en memoria de los trabajadores. Sus pobladores jamás conocerán el
olvido y por el contrario aun exigen justicia. El Estado, tan acucioso en
exigir el respeto a las leyes de la República, en esta hora de reparación, debe
también pedir perdón.
Publicamos un
excelente reportaje del estudiante de la Facultad de Periodismo de la
Universidad Antioquia Juan David López a propósito de esta amarga lección para
los colombianos.
En la foto, el
dirigente sindical de los cementeros, Luis Eduardo Zapata, sobreviviente de la
masacre y padre de la niña María Edilma, muerta aquel día:
Con el cemento en la sangre, 50
años de la masacre de El Cairo
Por Juan David López Morales
El
viento frío de las 5 de la tarde fue testigo de todo. Una fila de 40 volquetas
cargadas con cemento elaborado y clinker, que según el Gobernador de Antioquia
tenían que pasar “costara lo que costara”, fue retenida por unos 150
trabajadores de Cementos El Cairo apostados sobre la Troncal de Occidente.
Tras 26 días de huelga, una determinación
los reunía en ese momento: las volquetas, conducidas por “esquiroles”, no
pasarían. Marta Lía Patiño no salió de su casa, pero desde su ventana vería
cómo un conflicto laboral desencadenaría una de las masacres más emblemáticas y
olvidadas de la historia reciente de Colombia.
El hecho tuvo lugar a tan solo unas
cuadras del parque principal de Santa Bárbara, donde hoy se levanta un
obelisco, un mausoleo rodeado de pinturas y frases alusivas a la lucha obrera y
sindical, a la lucha de clases y a los caídos de ese día. Sobre la base de
éste, se instalaron varias placas de distintos sindicatos del Departamento en
las cuales lamentan las pérdidas.
La mayor parte del tiempo, este sitio de
memoria de aquel 23 de febrero, permanece cerrado entre rejas rojas. Y, aunque
la memoria sobre estos hechos agoniza, este año se rendirá homenaje a las
víctimas tras 50 años de impunidad.
En este pueblo va a pasar algo -Arrégleme
al “Ojón”, yo me lo llevo. Usted sabrá cómo se va a defender aquí, pero la cosa
como que está maluca.
“El Ojón” era Fabio, hijo mayor de Marta
Lía y Fabio Villada. Aunque en el Barrio Obrero –hoy conocido como Los
Almendros– todo parecía normal, el ambiente estaba enrarecido. Un convoy de
volquetas había pasado a eso de las nueve de la mañana hacia la fábrica de
Cementos El Cairo. Los huelguistas se preparaban.
Desde la ventana de su casa, doña Lía vio
a varios soldados que se encontraban apoyados sobre el pecho en posición de
francotiradores. Estaban detrás del Hospital, una construcción encaramada en un
morro al frente del Barrio Obrero. Allí, los uniformados tenían la panorámica
de la vía por donde el cemento debía pasar “a como diera lugar”.
Los huelguistas cargaban canecas con agua
por la calle principal del barrio hacia la caseta que, desde temprano, habían
armado junto a la carretera. También cargaban toallas. Se preparaban para
contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos porque sabían que las
volquetas venían escoltadas por el Ejército y la Policía.
La casa de doña Lía es una construcción
vieja en la que un largo corredor conecta la puerta principal con todas las
habitaciones y un solar, donde ella permanece sentada por horas. Hace más frío
que afuera y el viento va y viene todo el tiempo entre el solar y la sala. Esta
casa también sería, hace cincuenta años, testiga muda de los hechos de ese día.
Del conflicto laboral al conflicto de intereses Los intentos de
negociación, presididos por un tribunal de arbitramento, no lograban poner de
acuerdo a obreros y patrones. Medellín estaba desabastecido de cemento. El 22
de febrero, más de 20 compañías constructoras de la ciudad firmaron una
petición conjunta en la que amenazaban con despidos si no llegaba el material
para emplear a “millares de obreros” en Medellín.
Así, la imposibilidad de solucionar un
problema laboral en Santa Bárbara amenazaba con desencadenar un problema
laboral aún peor en la capital.
En primer lugar, la comunicación
responsabilizaba a los huelguistas de El Cairo del desempleo que se
desencadenaría. El segundo y último punto anunciaba que, desde el 25 de febrero
siguiente, “no podremos garantizar un pleno empleo, y las jornadas serán
limitadas por las cantidades de cemento que se reciban, dejando clara constancia
de que llevamos más de un mes trabajando con mínima eficiencia, con graves
perjuicios para nuestras compañías, para nuestros clientes y para la economía
en general”.
De esta manera, las empresas firmantes y
Camacol, como representante del gremio de la construcción, comenzaron a
presionar la necesidad de que pasaran el cemento y el clinker. Este último era
la materia prima necesaria para que empresas como Cementos Argos pudieran
elaborar el cemento para cubrir la demanda de los constructores de Medellín.
La huelga de El Cairo despertó un interés
particular en el Gobierno Nacional, en una época en que los conflictos
laborales y sindicales eran frecuentes en todo el país. Eduardo Uribe Botero se
desempeñaba como Ministro de Gobierno durante la presidencia de Guillermo León
Valencia, la segunda del Frente Nacional y la primera conservadora. El 26 de
febrero de 1964 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá preguntó a
Uribe Botero, cuando actuaba como embajador de Colombia en Washington, si en ese
momento él o su familia eran accionistas de Cementos Argos o de Cementos El
Cairo: “No soy accionista de Cementos El Cairo. Soy accionista de Argos. No sé
si mis familiares tienen acciones en esas Compañías, pues cuento con no menos
de ochenta familiares entre hermanos, cuñados, primos hermanos, sobrinos, hijos
de sobrinos, etc…, etc.”
En el libro La Masacre de Santa Bárbara
(Frente Nacional 1958-1965), el Centro de Investigación José Carlos Mariátegui,
de tendencia marxista-leninista, sostiene que Uribe Botero tiene
contradicciones al respecto. “Lo que no confiesa es que para el 23 de febrero
de 1963 desempeñaba con simultaneidad el Ministerio de Gobierno y el puesto de
miembro principal de la Junta Directiva de Cementos El Cairo, como lo comprueba
claramente la respuesta dada por la Cámara de Comercio de Medellín el 4 de
febrero de 1964 a una solicitud que al respecto le hizo el Tribunal Superior de
Bogotá el 26 de febrero de 1963”.
El Ministro de Gobierno tenía un
conflicto de intereses con la huelga de El Cairo. Sin embargo, manifestó al
mismo Tribunal que no tenía conocimiento de éste por ser de influencia directa
del Ministerio de Trabajo y no de su cartera. Pero tal conflicto quedó en
evidencia cuando el 25 de febrero, dos días después del trágico desenlace de la
huelga en Santa Bárbara, la Asamblea General de Accionistas de El Cairo
registró ante la Cámara de Comercio el nombramiento de una nueva Junta
Directiva en la que no aparecía Uribe Botero, hasta entonces tercero principal
de la Junta.
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