Día de los Mártires de la Justicia: El aciago agosto de 1989

Jueves, 16 de Agosto de 2012 11:51

Asesinado el magistrado Carlos Ernesto Valencia

*Hoy 16 de agosto se cumplen 23 años del asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia, quien había  llamado a juicio a Rodríguez Gacha y Pablo Escobar  por  los crímenes de Jaime Pardo Leal y Guillermo Cano, director de El Espectador. Preludio del crimen contra el coronel Vladimir Franklin Quintero, jefe de la policía de Medellín y el magnicidio de Luis Carlos Galán, cometidos el 18. Paradójicamente la racha abrió el camino de la Séptima Papeleta y tras ella, la convocatoria de la Asamblea Constituyente

Por Roberto Romero Ospina

Un 16 de agosto y tras quince días de muerte continúa contra los opositores de la Unión Patriótica, policías y administradores de justicia, y sencillos ciudadanos en todo el país,  parecía que el cerco de hierro y fuego contra el Estado se cerraba sin una respuesta contundente de parte de éste.
Ese día solo era el preludio de uno de los ataques más frontales del cartel de Medellín contra el país. En la calle 13 con carrera 17 de Bogotá, varios sicarios dispararon contra el carro del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García, matándolo en el acto.

El jurista no iba a ser perdonado por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. El 14 de marzo de 1989, Valencia sin arredrarse contra las amenazas que no daban tregua, tomó una decisión trascendental en el camino a  la justicia: confirmar la acusación contra los capos por el atentado al  jefe de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal.

Pardo, candidato presidencial de la UP,  había sido asesinado el 11 de octubre de 1987 cuando regresaba de La Mesa a Bogotá y todas las informaciones conducían a que Rodríguez Gacha, alias “El mexicano”,  en complicidad con militares de alto rango, había ordenado el crimen.

Cinco meses después del pronunciamiento judicial del Tribunal en relación con el magnicidio de Pardo, el 16 de agosto,  Valencia, horas antes de ser acribillado había dejado en firme  el llamamiento a juicio contra Pablo Escobar por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

Cano, quien  no cejó un instante en denunciar  en sus columnas editoriales a los barones de la droga como los causantes de la tragedia que vivía el país,  fue asesinado por  Pablo Escobar  cuando salía, solo y sin escoltas  en su propio carro, en la noche del 17 de diciembre  de 1986.

“Fue una época aciaga para el país aún no esclarecida históricamente. Tres guerras salieron a flote y arrasaron a una generación de líderes importantes. La de la insurgencia contra el Estado, la del paramilitarismo contra los movimientos políticos de izquierda y la del narcotráfico contra la sociedad”, señala la Fundación Guillermo Cano intentando una explicación.

El crimen del magistrado Valencia concitó la más combativa protesta de la rama judicial. Todos los jueces de Bogotá  pararon sus labores y  por primera vez en la historia del país 48  de los 54 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá  renunciaron   en una misiva de dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fabio Morón Díaz.

Los jueces declararon ese 16 de agosto: “¿Qué queda de la justicia colombiana a la cual todos están atentos en criticar y que todos pretenden reformar, desde los doctores honoris causa hasta los trashumantes de procesos judiciales en trance de salvadores del país? Seguros de la inutilidad del sacrificio de más vidas humanas y de la ausencia de apoyo institucional efectivo, presentamos renuncia de nuestros cargos».

Por su parte, la Asociación de Empleados de la Rama Judicial, ASONAL Judicial, declaró: «Resulta paradójico que los jueces, víctimas del ataque sistemático de los empresarios de la muerte, tengan que levantarse al lado de sus compañeros caídos para clamar la acción decidida de un Gobierno carente de auténtica voluntad política para proteger la vida de sus ilustres compatriotas».

Pero la ofensiva del cartel de Medellín, que contaba con la simpatía de los enemigos de cualquier proceso de cambio en la vida del país, no iba a terminar con el asesinato del juez Valencia. Cuando los trabajadores de la rama judicial le rendían tributo en la sala de velación, el 18 de agosto, a las 6:20 de la mañana, en una calle de Medellín era asesinado por un  grupo de sicarios el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero. Se le cobraba al oficial su lucha contra los barones de la droga.

Y el mismo 18 culminaría en la noche con el ataque bárbaro, en plena manifestación popular en Soacha, al candidato liberal que ya tenía la victoria aseguada, Luis Carlos Galán. Tres magnicidios en 48 horas demostraban hasta qué punto toda la estructura del nuevo poder mafioso, con entronques en el propio Estado, estaba dispuesto a no permitir el más leve cambio en las costumbres políticas del país.

Este aciago agosto abrió el camino de una reacción en cadena de las fuerzas más sanas de la ciudadanía, encabezadas por un activo movimiento estudiantil, que exigían un nuevo país. Ese proceso de transformación debía comenzar por una profunda reforma constitucional que tuvo su reflejo en la exitosa campaña por la Séptima Papeleta que condujo al referendo por el Sí o el No a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El SÍ ganó abrumadoramente.

Como reafirma siempre  Camilo González Posso, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, lamentablemente la nueva Constitución no condujo a la paz ansiada mientras la sociedad permitió el sacrificio de toda una generación de políticos renovadores.

“Usted se imagina si todos esos dirigentes jóvenes no hubieran sido sacrificados, no por Pablo Escobar, que aparece  hoy como el basurero donde cabe todo los malo que le pasó al país, dejando de lado a un sistema como  responsable, dónde estuviera la sociedad colombiana, y nos hubiéramos evitado estas guerras que aun asolan a Colombia”, señaló para un reciente programa del Canal Capital sobre los crímenes de Escobar.

Hoy 16 de agosto se conmemora en todo el país el Día de los Mártires de la Justicia, fecha que coincide con el aniversario del asesinato de Carlos Ernesto Valencia García, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Lamentablemente no habrá grandes movilizaciones. A lo sumo un pequeño acto en cierto estrado si algún  juez se acuerda de  esta fecha.  El Grupo de Memoria Histórica, en su informe sobre La Rochela, donde cayeron 12  investigadores  judiciales en una masacre el 18 de enero de  1989,  documentó hechos de violencia contra 1.487 funcionarios de la Rama Judicial entre 1979 y 2009 cometidos contra funcionarios de la justicia.

Una justicia sin justicia: la impunidad en este campo decisivo de la nación ronda por el 98%, incluido el asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia.