sábado, 27 de abril de 2013

Jaime Bateman Cayón y el M-19: treinta años




Bateman dijo que en Colombia la única forma de que a la gente le paren bolas era echando tiros. Estamos ante una oportunidad única para romper esa lógica

Jaime Bateman Cayón, lidel del M-19

Por Yesid Arteta Dávila
Sábado 27 de abril de 2013

“Abra la puerta, señora, somos del ejército”. Con estas palabras comenzaría el primer allanamiento registrado en la ciudad de Barranquilla durante el gobierno de Turbay Ayala. Era el 1ro. de julio de 1980. No había Internet y al día siguiente la edición del periódico El Heraldo traía una fotografía a dos columnas de la casa donde vivía con mis padres acompañada del titular: “Allanan y detienen sospechosos del M-19”. Eran tiempos en los que los organismos de inteligencia militar asociaban a cualquier militante de izquierda con armas y fugas.

Este 27 de abril se cumplen 30 años de la muerte de Jaime Bateman Cayón. No lo conocí pero sí a mucha de su gente y su organización. Tres cosas tuvimos en común: nacimos en el Caribe, hicimos parte de la Juventud Comunista y recibimos formación ideológica en los extramuros de Moscú. “Flaco y un poco escuálido, con una camisa de mezclilla azul y una gorra de capitán de barco, era el hombre más buscado de Colombia desde hacía 5 años”. Así describía Gabriel García Márquez al jefe del M-19 en una formidable crónica publicada en Colombia por la revista Semana y el periódico El País de España en la que relata los pormenores de lo que fue la increíble muerte de Jaime Bateman Cayón y el rescate de sus restos en las marismas del Darién panameño.

No había teléfonos celulares y Juan Gossaín, que por ese entonces hacía carrera en una emisora de Barranquilla, llamó a la casa de mis viejos para averiguar qué era lo que había pasado. Los kafkianos tentáculos del Estatuto de Seguridad que se inventó el gabinete de Turbay Ayala no habían llegado hasta el Caribe y nadie se explicaba las razones para que un pelotón del ejército madrugara a allanar una residencia en el barrio El Carmen, un vecindario cuya única fama provenía del hecho de que allí residían Roberto “El Flaco” Meléndez, el mejor futbolista colombiano de su época, y el “Negro Ray”, el más versátil bailarín de salsa que ha tenido Barranquilla.

Le conté a Gossaín que un mayor del ejército había tocado la puerta de la casa a las cinco de la mañana con un dudoso y escueto papel firmado por un juez militar. Eran las cinco de la mañana y ni siquiera los voceadores de periódicos se habían levantado. En cambio la tropa había madrugado a buscar armas en nuestra casa. El registro demoró unas cinco horas y dio pie a los chismosos y chismosas del barrio para especular sobre una posible caleta de whisky contrabandeado. Excavaron el patio. Un soldado peleó contra las telarañas del cielo raso sin éxito y otro más metió la mano dentro del inodoro. Nada. Estaba limpio. Sin embargo me llevaron junto con algunos ejemplares del periódico Voz Proletaria, varios carnés sin rellenar de la JUCO y una agenda en la que tomaba notas de las extenuantes reuniones del Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista.

En aquel entonces yo cursaba cuarto año de derecho en la Universidad Libre y había sido elegido por los estudiantes al Consejo Directivo. Nadie se creía el cuento de que yo perteneciera al M-19, tanto así que el decano de la facultad, un liberal hecho a la cecina, pidió que me liberaran porque no veía razones para que me arrestaran. “Arteta jode con el cuento de las alzas de las matrículas y sus mítines pero no me lo imagino metido en conspiraciones armadas”, dijo el decano a la prensa. Esta declaración, sumada a las protestas de los estudiantes, forzó al Brigadier General Carlos Narváez Casallas, comandante de la Segunda Brigada del ejército, a tomar la decisión de liberarme, no sin antes hacerme firmar un documento en el que dejaba constancia de que no había sido torturado. “Váyase para su casa, -me dijo el oficial-, si otro día lo necesitamos vamos por usted”. Esa fue una de las razones para que un tiempo después me fuera para la guerrilla: no iba a esperar en mi casa a que volvieran por mí.

El estilo carnavalero que Jaime Bateman imprimió al M-19 hizo que mucha gente se montara en el cuento de la guerrilla. Una buena parte de los analistas que hoy escriben y opinan descaradamente en favor de las ideas más antediluvianas pasaron por allí. Pero la guerra no es un carnaval y cuando empezó a sonar bala las cosas se pusieron color de hormiga, y Turbay con sus muchachos empezaron a agarrar gente. El dulce se puso a mordiscos y en pleno auge del M-19 la condición de estudiante, profesor, artista…en fin… era razón suficiente para ser llevado hasta el cepo. El célebre poeta Luis Vidales, autor de Suenan Timbres –considerada la única obra poética de corte vanguardista de la literatura colombiana- estaba cerca de cumplir ochenta años cuando su casa fue asaltada y luego conducido hasta la Brigada de Institutos Militares (BIM) donde un juez de instrucción penal militar lo acusó de subversivo y lo trató como enemigo. En marzo de 1981, el Nobel García Márquez, pidió asilo en la embajada de México en Colombia, para no correr la misma suerte del maestro Vidales.

Nadie me lo ha contado. Lo viví en primera persona. En la sede de la Segunda Brigada de Barranquilla no me dieron una paliza como sucedía en Bogotá con otros y otras detenidas pero me sometieron a plantones y largos interrogatorios con los ojos vendados con una toalla. No recibí descargas eléctricas como pasó con mucha gente acusada de “subversión” pero nadie me asistió legalmente ni nadie me formuló cargos. Era un militante comunista sin capuchas y sin armas. Las armas llegaron después cuando quería continuar con mis ideales y no encontré más salida que “puyar el burro”. Otros, que pensaban como yo, se quedaron echando la lata en ese estrecho y oscuro callejón, hasta que se toparon contra un muro en el que fueron ejecutados como perros. Como en la novela de Kafka.

Bateman y su combo volvieron el M-19 una idea urbana. Hasta entonces, las FARC, el ELN y el EPL eran básicamente unas guerrillas rurales con un campo de acción periférico. Lejos de las muchedumbres y de las fábricas. Cuando hubo acciones de propaganda armada y operativos guerrilleros en Bogotá, Medellín o Cali, el Estado sintió que le estaban tocando los cojones, y esta puede ser una de las razones para que reaccionara tan violentamente cruel, como escribiría un tal Cortázar, y se llevaran por delante a los que no tenían velas en ese entierro.

Represión pura y dura, como si estuvieran compitiendo con las dictaduras del Cono Sur, pero formalmente no eran dictadores, se reclamaban demócratas. A veces no necesitaban disfrazarse de abuelitas y se mostraban como lobos muertos de hambre y se les iba la mano, y alguien se les moría como pasó con Marcos Zambrano. La tal dictadura del General Rojas Pinilla fue un juego de infantes con relación a las travesuras que hicieron los demócratas colombianos durante largos años de Estado de Sitio. No había necesidad de ir a cine y ver cómo se torturaba en las películas de Costa Gavras porque una situación similar se podía vivir en casa de un sindicalista que de repente era cogido por las orejas y llevado como un conejo hasta un calabozo y luego se volvía a saber de él hasta dos semanas después.

Cuando me volví guerrillero de las FARC compartí momentos con algún destacamento del M-19 en las montañas del Cauca. Juntábamos fuerzas para seguir la lucha armada. Se pensaba entonces que la guerrilla colombiana llegaría a un proceso de unidad similar al salvadoreño o guatemalteco. Nada de eso sucedió. El ánimo de unión se fue apagando con el tiempo y cada grupo hizo con su gente lo quiso.

A comienzos de los noventa el destino me fue llevando del departamento de Nariño hasta las selvas del Caquetá. Partí con un puñado de guerrilleros desde la llanura Pacifica y luego de pasar el Valle del Patía y encaramarnos sobre la cordillera central tomamos la ruta que hizo Agustín Codazzi - terminada la Guerra de Independencia en el siglo XIX-, y siguiendo las cabeceras del río Caquetá llegamos hasta los límites con el Putumayo. Unas semanas después tomamos una canoa hasta Mayoyoque y cruzamos hasta la otra ribera con la intención de llegar al rió Orteguaza. Había una operación militar en el área y un campesino que antes había servido de baquiano al M-19 en la región nos fue guiando de noche hasta un poco más arriba de la base de Tres Esquinas. Allí, dijo señalando hacia el río, fue donde un comando del Eme hizo llegar de barriga un avión cargado con armas.

Bateman y otros líderes del M-19 desaparecieron. Unos cayeron batallando como Iván Marino y Álvaro Fayad. Otros murieron en rocambolescas persecuciones. La muerte de Carlos Pizarro fue mediante una planeada escena surrealista. Los que quedaron del M-19 buscaron una salida política y la encontraron a su manera. Ninguno de los sobrevivientes del M-19 debe mostrarse avergonzado de los ideales que persiguieron. Los métodos son discutibles pero las ideas son buenas. Porqué hay que echarles tierra si son buenas y tienen plena vigencia. Porqué hay que seguir la andadura con opiniones prestadas. Las armas quedaron atrás pero no se dejen quitar los símbolos. No permitan que sus ideas sean pulverizadas.

Llevaba más de nueve años preso cuando escuché una voz que ordenaba: abran la celda de Arteta. Estaba recluido en la celda número 29 del pabellón de aislamiento de la Penitenciaria de Alta Seguridad de La Dorada. El guardián abrió y detrás de él venían dos hombres sesentones luciendo ropas civiles. “¿No se acuerda de mí?”, me dijo el que aparentaba más edad. “No, no tengo ni idea de quién es usted”, le contesté. Lo invito a tomar un café, replicó. Habían pasado veinticinco años y estaba hablando con uno de los oficiales que participó en el allanamiento de la casa de mis padres y ocupaba por esos días un cargo en la dirección de prisiones. Fue una conversación serena, sin odio, sin rencor, entre dos hombres que habían pasado un cuarto de siglo por los más inquietantes vericuetos de un país en guerra. Recordando el pasado pero sin restregar heridas. Un conflicto cerrado en falso es una bomba de relojería. La verdad histórica hay que hacerla a varias manos para que la película sea entendible por los de ahora y por los que vienen.

Jaime Bateman dijo en alguna de sus entrevistas que en Colombia la única forma de que a la gente le paren bolas era echando tiros. Eso lo enseñaron e hicieron los liberales y conservadores desde la creación de la República y no ahorraron gente para matarse entre ellos y matar a los demás. Estamos ante una oportunidad única para romper esa lógica. El foro sobre participación política acordado por el gobierno y las FARC es un buen momento para concertar las claves de lo que debe ser un Estado democrático. Para que ningún colombiano se sienta perseguido o se vea obligado a morir por sus ideas.

sábado, 9 de marzo de 2013

La Toma de la Universidad de Córdoba

Sobre los horrores cometidos por el paramilitarismo



Por Verdad Abierta



VerdadAbierta.com reconstruye cómo fue que las Autodefensas de Castaño y Mancuso dominaron esta entidad que fuera nervio intelectual y político de la vida cordobesa.
El burro llevaba corbata. Tiraban de él dos estudiantes quienes bajo el más absoluto silencio lo pasearon desde la entrada de la Universidad de Córdoba hasta el frente del edificio administrativo. Su protesta era osada, sin duda; para ellos, inteligente. Se oponían a la posible reelección en la rectoría de Eduardo González Rada, de Mayorías Liberales, un grupo que lideraba en Córdoba el congresista Juan Manuel López Cabrales. La Universidad de Córdoba estaba en un periodo crítico en 2000, a meses de escoger al nuevo rector.
Mientras el burro encorbatado se paseaba por la edificación, en un salón se arremolinaron los trabajadores sindicalizados. Su universidad se la peleaban el poder político de siempre y el recién llegado poder paramilitar. Temerosos, los profesores decían que nadie podía evitar lo que todo mundo comentaba en las esquinas de Montería, que el poder de las armas de derecha se terminara de tomar la universidad. Había erradicado del plantel todo aquello que le sonara a izquierda, y había sometido al clientelismo enquistado allí desde hacía años.
La mockusiana escena del burro expresaba la indignación de los estudiantes con la corrupción que campeaba en la institución, pero también la rabia contenida por los asesinatos de los profesores Francisco Aguilar Madera en 1995 y Alberto Alzate Patiño en 1996 y del representante de los profesores ante diversos estamentos de la institución, Misael Díaz Urzola en 1998. Éste último terminó acribillado porque se atrevió a insistir en que se hiciera la convocatoria de las elecciones de los representantes estudiantiles. Muchos en la universidad habían tenido que huir para salvar sus vidas. Los que se quedaron callaban de miedo.
Las Auc habían asesinado a los profesores Aguilar, Alzate y Díaz cuando estaban en plena ofensiva para tomarse la Universidad. En 1998, el entonces jefe la organización armada, Carlos Castaño, anunció la creación de los “Comandos Campesinos Caribe”, con el objetivo específico de intervenir en las universidades de la Costa, y su lugarteniente, Salvatore Mancuso, comenzó por la de Córdoba.
Los violentos ni siquiera permitieron la alegórica representación del burro. Dos de los estudiantes que montaron la escena fueron secuestrados luego por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y posteriormente tuvieron que salir del país, y hoy viven asilados en Canadá.
Rector desiste
Eduardo González Rada, matemático de profesión, fue el último rector puesto en la universidad por el patriarca liberal de Córdoba, el senador López Cabrales. Al despuntar el nuevo siglo, prácticamente todo estaba dicho para que saliera reelegido por una consulta a la comunidad universitaria. Los candidatos que sacaran más del 30 por ciento de la votación tenían derecho a pasar a la siguiente instancia ante el Consejo Superior de la Universidad, y éste, escogería rector entre los finalistas.
En plena campaña de reelección, sin embargo, el rector González Rada fue obligado a asistir a un encuentro con los paramilitares en el Alto Sinú y al regresar a Montería, desistió de su aspiración. Los rumores de que su gestión en la universidad había sido muy corrupta habían llegado a oídos de los mandamases de las Auc. El profesor Hugo Iguarán Cote denunció irregularidades en el gasto de la Universidad; miembros del sindicato y de la dirigencia estudiantil también dijeron que la ejecución del presupuesto era inconsistente. Entonces Castaño y Mancuso, que de fuerza contra-guerrillera pasaron a ejercer un supra-poder en casi todo lo que ocurría en Córdoba, tuvieron la disculpa perfecta para meterse a imponer su propia ley en la universidad.
Con la salida forzada de González, aparecieron diez candidatos nuevos a la rectoría. Entre ellos, estaba Víctor Hugo Hernández Pérez, otro liberal de origen ‘lopista’, quien desde 1998 había entrado a trabajar en la universidad. Durante cuatro años dirigió el Centro Regional de Educación a Distancia (Cread). Con el respaldo de sectores de la universidad, pues ya se había alejado de las filas ‘lopistas’, Hernández se inscribió oficialmente como aspirante a la rectoría en junio de 2000. El senador López Cabrales había preferido apoyar al profesor Havid Barrera.
Hernández ganó la consulta popular interna con casi el 53 por ciento de los votos, seguido de Havid Barrera, que superó el 30 por ciento. El Consejo Superior de la institución tenía que definir entre estos dos aspirantes que pasaron el umbral. Por los siguientes dos meses hasta agosto de 2000, las Auc enviaron razones al Consejo de que no podía elegir a la ficha de López Cabrales, y los consejeros divididos no decidían.
Los paramilitares ya tenían cómplices trabajando en la universidad, como César Bedoya, quien posteriormente fue asesinado.
El miedo cundió en los salones de la universidad. Llegaban rumores de amenazas, de supuestas decisiones tremendas tomadas arriba, en la finca Capilla, de Mancuso, o en Santa Fe Ralito (municipio de Tierralta). Algunos se dedicaron a rezar por el nombramiento de Hernández Pérez, armaron cadenas de oración y montaron vigilia en las puertas de la universidad en Montería. Ese día incluso nació un niño, hijo de una estudiante, al que bautizaron como Víctor Hugo.
El 12 de septiembre de 2000, el Consejo Superior resolvió escoger a Hernández. Se creyó que las muertes pararían allí, pues éste, se comenzó a especular con fuerza, era el respaldado por los paramilitares. Pero no fue así.
Crimen en casa del elegido
Varios testigos aseguraron ante las autoridades que Víctor Hugo Hernández y Hugo Iguarán habían hecho un pacto de caballeros antes de la elección y habían acordado que quien ganara nombraría al otro como su vicerrector administrativo.
La alegría de haber ganado no le duró mucho a Hernández. La misma noche en que se proclamó su triunfo, pasadas las diez, varios hombres de las autodefensas llegaron a buscarlo. Uno de ellos le dijo: “El señor quiere hablarle”. Ahí supo Hernández que era Mancuso quien lo mandaba a llamar. En ése y en otros encuentros, el jefe armado le hizo saber que había ganado la rectoría porque él se lo había permitido y que debía consultar con ellos todas las acciones y nombramientos que hiciera en la institución, para así garantizar la transparencia en la universidad.
Sin contarle a nadie, escondiendo su miedo, Hernández continuó adelante con sus planes en la rectoría. Para anunciar quiénes estarían en su equipo, el 10 de septiembre de 2000 citó en su casa de Villa del Río de Montería a una reunión en la que incluyó a Iguarán, pues pensaba cumplirle la promesa de nombrarlo vicerrector. Pero no alcanzó a anunciarlo cuando dos tipos armados irrumpieron en la residencia y uno de ellos disparó contra Iguarán y lo mató.
La sospecha siempre quedó sobre Hernández. ¿Sabía él, que estaba en tratos con Mancuso, que iban a asesinar a Iguarán?
Walter José Mejía López, alias ‘el Mello’, preso en la cárcel Ternera de Cartagena lo acusó ante el fiscal Fabio Severiche; sin embargo luego, el 15 de octubre de 2008, no lo pudo reconocer en la fila de personas que le pusieron las autoridades. Es más, se retractó públicamente argumentando que había sido influenciado por el fiscal Severiche. Hoy, más de cuatro años después de esa diligencia insiste en que su testimonio contra Hernández había sido falso.
Antonio José Flórez González, profesor de la Universidad y miembro del Sindicato, en declaración jurada el 30 de octubre de 2007 aseveró que el homicidio de Iguarán obedeció a que era un académico formado, con experiencia y crítico y que eso iba en contra de los intereses de Víctor Hugo Hernández. El profesor Flórez atestiguó pues había estado en la casa del rector elegido, Hernández, ese mismo día en fue asesinado Iguarán.
El autor material de un primer atentado contra Iguarán, el paramilitar desmovilizado Jorge Andrés Medina Torres, alias ‘Brayan’, afirmó ante la justicia el 10 de septiembre de 2008 que Mancuso dio la orden de matar a Iguarán y de ello tenía conocimiento Hernández. Sostuvo además que Hernández en varias ocasiones se había reunido con el jefe de las autodefensas para tratar temas de la Universidad de Córdoba, siendo César Bedoya, trabajador de la Universidad, quien señalaba a las personas que deberían ser asesinadas en el platel y que, de hecho, el día del crimen de Iguarán, Bedoya estaba en la casa de Hernández. EL 17 de marzo de 2009, nuevamente a la Fiscalía, Medina dijo con relación a Hernández, “nunca hubo amenazas contra él que yo sepa. Él era candidato de Mancuso…”.
Hernández siempre ha sostenido que las inculpaciones son falsas.
De todos modos, con los fusiles de las Auc en la nuca, Hernández asumió la rectoría. Pronto entendió que por “transparencia”, estaba obligado con Mancuso a nombrarle a quién él dijera en cada cargo. Aguantó un año y medio, y el 30 de mayo de 2002 renunció irrevocablemente al cargo. En su carta alegó problemas personales, no habló con nadie y huyó de Montería.
El 8 de junio de 2002 hizo llegar un informe de su gestión, y una carta al Ministerio de Educación Nacional, al Director de Educación de Educación Superior, a la Directora del Icfes, a la oficina de Planeación del Icfes, al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, a la Defensoría del Pueblo, a la Diócesis de Montería y a los medios de comunicación. Allí les explicaba que “por razones ajenas a mi voluntad y la necesidad de garantizar mi seguridad y la de mi familia, me vi en la necesidad de renunciar al cargo de rector de la Universidad de Córdoba”.
Más tarde le escribió al recién posesionado presidente Álvaro Uribe, muy cercano a los temas cordobeses pues por años ha tenido allí su finca ‘El Ubérrimo’. Le pidió ayuda para poder salir del país como refugiado. La respuesta le llegó mediante oficio 8201 del 28 de octubre de 2002. En ésta, la Secretaria Privada de la Presidencia acusó recibo de la comunicación y le informó que la remitió al Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Pero ese despacho, ni ninguno lo llamó para ofrecerle la protección que solicitaba.
El 1º de diciembre de 2006, Hernández solicitó auxilio a la Defensora del Pueblo de Montería, María Milene Andrade (quien luego fue nombrada vicecónsul en Nueva York). Y ella lo asesoró. El 10 de julio de 2007 en escrito dirigido a la Comisión Nacional de Reparación solicitó la indemnización del Estado por la intimidación, amenazas y presión de las Autodefensas, argumentando que “durante el tiempo que se desempeñó como rector experimentó una especie de secuestro personal e institucional”. Después de golpear otras puertas, al final, a través la Pastoral Social de la Iglesia, le ofrecieron asilo en Santiago de Chile, a dónde se fue vivir con su hijo menor, bajo la condición de refugiado. Allí permaneció casi dos años.
A su regreso, en febrero de 2008, descubrió, de la peor manera, que era serio el cuento de que la Fiscalía le seguía un proceso por el crimen de Hugo Iguarán, como le había contado por teléfono un profesor amigo de Cartagena. Walter Mejía, alias ‘el Mello’, preso en una cárcel en Cartagena, aseguraba que él había sido cómplice. Apenas se bajó del avión en el aeropuerto El Dorado fue detenido. Duró preso casi un año, batallando ante la justicia, alegando su inocencia. Cuando fue hallado culpable del crimen decidió huir del país. Ahora está prófugo, pues está condenado en primera instancia a 35 años de cárcel por el asesinato de su colega Iguarán. Desde su escondite habló con VerdadAbierta.com. (link a entrevista).
Cuando Hernández huyó, lo reemplazó en la rectoría de la universidad, Claudio Enrique Sánchez. Como la de Hernández, la de Sánchez tampoco fue una elección libre. Hubo forcejeo en el Consejo Superior y en Montería se rumoraba que era otra imposición de Mancuso. La justicia le abrió investigación a Sánchez y a la secretaria general de la universidad, Luisa Marina Lora y fueron encarcelados en diciembre de 2008, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, amenazas y constreñimiento. Fueron puestos en libertad poco tiempo después.
VerdadAbierta.com le pidió al ex rector Sánchez Parra su versión de la historia, y éste dijo que respondería más adelante, pero luego no volvió a responder su teléfono. Al contactar a Luisa Marina Lora, ella respondió que no le interesaba hablar sobre el tema de la universidad.
Fiscal en duda
El fiscal Fabio Severiche, que llevó el caso contra el ex rector Hernández, fue condenado en primera instancia en abril de 2010 como cómplice de concusión, por haber intentado extorsionar a un empresario de Cartagena a cambio de cerrarle un proceso por asesinato en su contra. Para cometer el delito, tuvo ayuda de un fiscal de Justicia y Paz, quien también fue condenado, y algunos desmovilizados del paramilitarismo que estaban presos en la cárcel de Ternera y en otras, quienes estaban dispuestos a acomodar sus testimonios, a cambio de obtener mayores beneficios judiciales y de dinero. En mayo de 2012, la condena a 48 meses de cárcel fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cartagena.
El hecho de que las acusaciones contra Hernández puedan provenir de testigos falsos hace aún más difícil para la justicia dilucidar su caso. Pero lo que sí se puede afirmar, es que cuando fue elegido, el miedo vivía en la Universidad de Córdoba, y realmente nadie era libre.
Había sido una década, desde principios de los años noventa, hasta la desmovilización de Mancuso en 2004, en que loas autodefensas cometieron muchos delitos en la Universidad de Córdoba, asesinaron y, forzaron al exilio a profesores y estudiantes. Era imposible que su plan de sanear la universidad con violencia y crimen pudiera funcionar. Un centro de pensamiento e inteligencia no puede funcionar bien a punta de bala y de brutalidad.

sábado, 23 de febrero de 2013

Hoy 23 de febrero se cumplen 50 años de la masacre de cementos El Cairo (Colombia)




Hoy 23 de febrero se cumplen 50 años de la masacre de cementos El Cairo

Un crimen de Estado sin perdón y olvido


Por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Listos, apunten, fuego”. Así, literalmente, fue la orden que decenas de trabajadores oyeron aquella tarde de sábado en las afueras de la fábrica. No podían creer que las tropas recibieran el bando de muerte por defender sus derechos.

El 23 de febrero de 1963, hace medio siglo exacto, cuando los obreros de cementos El Cairo, en Santa Bárbara, a 502 kilómetros al sur de Medellín, se apostaron a la salida de la factoría para impedir que una caravana de 40 volquetas cargadas de klinker, -- una de las materias primas para la producción de cemento—salieran a las instalaciones de cementos Argos hacia Medellín, los soldados al mando del capitán Guzmán y el sargento Jaramillo, abrieron “fuego a esa gente”.

Como recuerda hoy Sutimac, el sindicato de los obreros de la construcción, enseguida se inició una cerrada descarga de fusiles que apuntaban en todas las direcciones. Entonces empezaron a caer los primeros heridos y varios muertos, entre ellos la niña de 12 años, María Edilma Zapata, hija del trabajador y sindicalista cementero Luís Eduardo Zapata García.

Santa Bárbara, conocida como el poblado de los bellos paisajes y cuna de la cordialidad, conocía la peor tragedia de su historia: trece muertos y dos docenas de heridos graves, todos a punta de fusil.

El país estaba consternado y el ministro de Trabajo de la época, el conservador Belisario Betancur, quien no daba instrucciones serias para resolver el litigio laboral, se limitó a decir que lamentaba la tragedia.

Por lo menos un lamento. Por que el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez y dueño el periódico El Colombiano no dejaba pasar un día sin insultar en las páginas de su vocero a la organización sindical que exigía mejores salarios y respeto a sus derechos.

El cómplice intelectual de la matanza a los obreros; el Gobernador Fernando Gómez Martínez,
dueño del diario El Colombiano, que desde su trinchera de terrorismo mediático atacó
sistemáticamente a la organización sindical por irresponsable. En la foto  con el poder
militar e de la Iglesia Católica


Para los trabajadores, entre los responsables de esta masacre están las directivas de Cementos El Cairo, el Presidente de la República, Guillermo León Valencia, el Coronel Armando Valencia Paredes, el Capitán Guzmán y el Sargento. Pero jamás fueron llamados a juicio y las investigaciones se extraviaron entre juzgados y tribunales.

Hoy sábado tuvieron lugar varios homenajes en Santa Bárbara, la ciudad antioqueña de la cordialidad, en memoria de los trabajadores. Sus pobladores jamás conocerán el olvido y por el contrario aun exigen justicia. El Estado, tan acucioso en exigir el respeto a las leyes de la República, en esta hora de reparación, debe también pedir perdón.

Publicamos un excelente reportaje del estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad Antioquia Juan David López a propósito de esta amarga lección para los colombianos.

En la foto, el dirigente sindical de los cementeros, Luis Eduardo Zapata, sobreviviente de la masacre y padre de la niña María Edilma, muerta aquel día:




Con el cemento en la sangre, 50 años de la masacre de El Cairo

Por Juan David López Morales

El viento frío de las 5 de la tarde fue testigo de todo. Una fila de 40 volquetas cargadas con cemento elaborado y clinker, que según el Gobernador de Antioquia tenían que pasar “costara lo que costara”, fue retenida por unos 150 trabajadores de Cementos El Cairo apostados sobre la Troncal de Occidente.

Tras 26 días de huelga, una determinación los reunía en ese momento: las volquetas, conducidas por “esquiroles”, no pasarían. Marta Lía Patiño no salió de su casa, pero desde su ventana vería cómo un conflicto laboral desencadenaría una de las masacres más emblemáticas y olvidadas de la historia reciente de Colombia.

El hecho tuvo lugar a tan solo unas cuadras del parque principal de Santa Bárbara, donde hoy se levanta un obelisco, un mausoleo rodeado de pinturas y frases alusivas a la lucha obrera y sindical, a la lucha de clases y a los caídos de ese día. Sobre la base de éste, se instalaron varias placas de distintos sindicatos del Departamento en las cuales lamentan las pérdidas.

La mayor parte del tiempo, este sitio de memoria de aquel 23 de febrero, permanece cerrado entre rejas rojas. Y, aunque la memoria sobre estos hechos agoniza, este año se rendirá homenaje a las víctimas tras 50 años de impunidad.

En este pueblo va a pasar algo -Arrégleme al “Ojón”, yo me lo llevo. Usted sabrá cómo se va a defender aquí, pero la cosa como que está maluca.

“El Ojón” era Fabio, hijo mayor de Marta Lía y Fabio Villada. Aunque en el Barrio Obrero –hoy conocido como Los Almendros– todo parecía normal, el ambiente estaba enrarecido. Un convoy de volquetas había pasado a eso de las nueve de la mañana hacia la fábrica de Cementos El Cairo. Los huelguistas se preparaban.

Desde la ventana de su casa, doña Lía vio a varios soldados que se encontraban apoyados sobre el pecho en posición de francotiradores. Estaban detrás del Hospital, una construcción encaramada en un morro al frente del Barrio Obrero. Allí, los uniformados tenían la panorámica de la vía por donde el cemento debía pasar “a como diera lugar”.

Los huelguistas cargaban canecas con agua por la calle principal del barrio hacia la caseta que, desde temprano, habían armado junto a la carretera. También cargaban toallas. Se preparaban para contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos porque sabían que las volquetas venían escoltadas por el Ejército y la Policía.

La casa de doña Lía es una construcción vieja en la que un largo corredor conecta la puerta principal con todas las habitaciones y un solar, donde ella permanece sentada por horas. Hace más frío que afuera y el viento va y viene todo el tiempo entre el solar y la sala. Esta casa también sería, hace cincuenta años, testiga muda de los hechos de ese día.

Del conflicto laboral al conflicto de intereses Los intentos de negociación, presididos por un tribunal de arbitramento, no lograban poner de acuerdo a obreros y patrones. Medellín estaba desabastecido de cemento. El 22 de febrero, más de 20 compañías constructoras de la ciudad firmaron una petición conjunta en la que amenazaban con despidos si no llegaba el material para emplear a “millares de obreros” en Medellín.

Así, la imposibilidad de solucionar un problema laboral en Santa Bárbara amenazaba con desencadenar un problema laboral aún peor en la capital.

En primer lugar, la comunicación responsabilizaba a los huelguistas de El Cairo del desempleo que se desencadenaría. El segundo y último punto anunciaba que, desde el 25 de febrero siguiente, “no podremos garantizar un pleno empleo, y las jornadas serán limitadas por las cantidades de cemento que se reciban, dejando clara constancia de que llevamos más de un mes trabajando con mínima eficiencia, con graves perjuicios para nuestras compañías, para nuestros clientes y para la economía en general”.

De esta manera, las empresas firmantes y Camacol, como representante del gremio de la construcción, comenzaron a presionar la necesidad de que pasaran el cemento y el clinker. Este último era la materia prima necesaria para que empresas como Cementos Argos pudieran elaborar el cemento para cubrir la demanda de los constructores de Medellín.

La huelga de El Cairo despertó un interés particular en el Gobierno Nacional, en una época en que los conflictos laborales y sindicales eran frecuentes en todo el país. Eduardo Uribe Botero se desempeñaba como Ministro de Gobierno durante la presidencia de Guillermo León Valencia, la segunda del Frente Nacional y la primera conservadora. El 26 de febrero de 1964 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá preguntó a Uribe Botero, cuando actuaba como embajador de Colombia en Washington, si en ese momento él o su familia eran accionistas de Cementos Argos o de Cementos El Cairo: “No soy accionista de Cementos El Cairo. Soy accionista de Argos. No sé si mis familiares tienen acciones en esas Compañías, pues cuento con no menos de ochenta familiares entre hermanos, cuñados, primos hermanos, sobrinos, hijos de sobrinos, etc…, etc.”

En el libro La Masacre de Santa Bárbara (Frente Nacional 1958-1965), el Centro de Investigación José Carlos Mariátegui, de tendencia marxista-leninista, sostiene que Uribe Botero tiene contradicciones al respecto. “Lo que no confiesa es que para el 23 de febrero de 1963 desempeñaba con simultaneidad el Ministerio de Gobierno y el puesto de miembro principal de la Junta Directiva de Cementos El Cairo, como lo comprueba claramente la respuesta dada por la Cámara de Comercio de Medellín el 4 de febrero de 1964 a una solicitud que al respecto le hizo el Tribunal Superior de Bogotá el 26 de febrero de 1963”.

El Ministro de Gobierno tenía un conflicto de intereses con la huelga de El Cairo. Sin embargo, manifestó al mismo Tribunal que no tenía conocimiento de éste por ser de influencia directa del Ministerio de Trabajo y no de su cartera. Pero tal conflicto quedó en evidencia cuando el 25 de febrero, dos días después del trágico desenlace de la huelga en Santa Bárbara, la Asamblea General de Accionistas de El Cairo registró ante la Cámara de Comercio el nombramiento de una nueva Junta Directiva en la que no aparecía Uribe Botero, hasta entonces tercero principal de la Junta.







martes, 12 de febrero de 2013

Colombia: La hazaña histórica de la USO. Roberto Romero Ospina



La hazaña histórica de la USO


Roberto Romero Ospina
Por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

No hay nada que hacer. La más importante celebración del movimiento sindical colombiano no le merece a los grandes medios ni una sola línea en sus impresos, ni un solo minuto en sus espacios. Los 90 años de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo deben pasar desapercibidos para todos.

Lo hemos dicho desde estas páginas: la memoria histórica cada vez más no contará con la prensa y los historiadores se verán a gatas cuando en cincuenta años o más, quieran tomar como referentes de lo acontecido a los grandes medios pues allí poca cosa o nada encontrarán sobre el activo movimiento social.

Veintiún gobiernos contra la USO


La realidad es que permanecer una federación de trabajadores durante 90 años no es algo de poca monta. En un país marcado por la más cruda violencia política, persistir y nada menos en oposición a las multinacionales del petróleo y a exactos veintiún gobiernos liberales y conservadores, ya de por sí es una hazaña histórica.

Es que durante estos años no ha habido régimen que no se opusiera y se oponga hoy, a los programas en defensa de los recursos naturales esbozado desde el mismo nacimiento de la USO el 10 de febrero de 1923, y por supuesto a las reivindicaciones obreras.

Pasaron más de 20 años desde que comenzó la explotación petrolera en Colombia, cuyos más fuertes inicios tuvieron lugar con la Concesión de Mares, en Santander, en 1906, hasta su traspaso fraudulento a la Tropical Oil Company en 1919, para que naciera un sindicato de los obreros del petróleo.

Los historiadores, en especial Renán Vega, dan cuenta que aquel 10 de febrero de 1923 un puñado de dirigentes sociales fundaron la USO en la más completa clandestinidad en Barrancabermeja, que ya contaba con 5000 trabajadores y 200 estadounidenses, de un total de 12.000 habitantes que tenía el municipio.

Una historia de infamias


La creación de la Tropical Oil Company (Troco) permitió un nutrido proceso de migración, en el que fueron enganchados muchos obreros que provenían de las sabanas de Bolívar, Sucre, Córdoba, también oleadas de antioqueños y de santandereanos, que se adaptaron al clima y los duros trabajos requeridos para iniciar la explotación del petróleo, como los hacheros y macheteros trabajando como peones, nos recuerda

Entre los años de 1919 y 1922, como señala Vega, la Troco para enganchar a los trabajadores les prometían lo divino y lo humano, pero los obreros se decepcionaban muy rápido al ver que las promesas no coincidían con la realidad: no existía un adecuado aprovisionamiento de agua potable para el consumo humano, pues no había plantas de tratamiento ni acueducto.

Las jornadas para extraer el petróleo eran extenuantes pues pasaban de las 10 y 12 horas, mientras los obreros vivían en barracas llenas de incomodidades y rodeados todo el tiempo de mosquitos y plagas.

Todo esto llevó a que se organizaran las primeras acciones de lucha con paros y protestas. Y cundiera el deseo de comenzar a organizarse en un sindicato.

A orillas de la quebrada La Putana se reunió la primera junta directiva de la Unión Obrera. Fueron los dirigentes socialistas Manuel Francisco Hernández, José María Blanco, Pedro Sosa, Dionisio Vera, Juan F. Moreno, Víctor Pájaro, Alfredo Campos y Rozo Carrascal, quienes declararon fundada la Sociedad Unión Obreros y distribuyendo los cargos directivos.

El apóstol Maecha


El primer presidente de la Sociedad Unión Obreros, como se llamo inicialmente, fue E. Sánchez Sanmiguel y como Secretario General fue elegido Raúl Eduardo Mahecha, un abogado que siempre entregó sus servicios a los trabajadores, y recio luchador social curtido en las luchas del río Magdalena y las bananeras de Ciénaga.

Raúl Eduardo Mahecha
Anota el investigador Rafael Antonio Velásquez, que Mahecha, cuando llegó al puerto arrendó un cuarto en una de las desvencijadas casas de la población y allí empezó a ofrecer sus servicios como abogado, anunciando que sólo cobraba “honorarios para favorecer a los obreros”. A la vez, comenzó a prepararlos espiritualmente, fundando el periódico Vanguardia Obrera que editaba por medio de una imprenta volante de su propiedad.

En esta prensa se empezó a denunciar las iniquidades de la compañía y las desastrosas condiciones de vida de la población obrera. Fueron lemas del periódico: “Las libertades no se piden, se toman”; “Trabajo o revolución social” y “Es la misión histórica de la clase trabajadora hacer desaparecer el capitalismo”, frases éstas que siguen siendo vigentes en la actualidad y en especial, para que la clase trabajadora siga luchando.

Por sus permanentes denuncias, la asesoría que les proporcionaba a los obreros y su entrega en las labores organizativas, soportó la calumnia por parte de la Troco que siempre lo calificó como un ex presidiario que no merecía ser escuchado. A medida que el trabajo organizativo de Mahecha cosechaba frutos, siendo el más importante la fundación de la Unión Obrera, la compañía estadounidense empezó a presionar al gobierno para que lo persiguiera. Aquél tuvo que soportar amenazas, multas, luego prisión y ostracismo tras las huelgas de 1924 y 1927.

El historiador del movimiento obrero, Renán Vega, anota que la labor de Mahecha en Barrancabermeja le dio dignidad y autoestima al obrero colombiano, haciéndole comprender que era un creador de riqueza cuyo trabajo beneficiaba a la Troco. Esta autoestima adquiría un carácter de reivindicación nacional ante la explotación a la que la multinacional norteamericana sometía al país y a sus habitantes.

La histórica huelga 1924

Un legado de honor


Él fue el dirigente indiscutido del movimiento obrero en la zona petrolera de Barrancabermeja en la década de 1920, una de sus acciones más resonantes fue su bandera de lucha: La reivindicación de los tres ochos (8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio) como símbolo en las dos primeras huelgas de 1924 y 1927, época en que fue encarcelado en dos oportunidades, en la primera permaneció 13 meses preso y en la segunda, junto a los principales organizadores fueron detenidos y llevados después a Tunja, donde se les torturó, sometiéndolos al terrible suplicio del cepo. A comienzos de 1928, se fue para Ciénaga a continuar un nuevo combate contra la United Fruit Company, para ayudar a organizar la huelga de finales de 1928.

En impensable hacer cualquier historia del movimiento social colombianos sin tener en cuenta a la USO, que forjó, entre otras cosas, el nacimiento de Ecopetrol el 21 de agosto de 1951 tras las huelgas por la exigencia de que revirtiera al Estado Colombiano la Concesión de Mares, en manos de la Tropical.

Y en todo este tiempo, donde siempre ha primado la divisa nacionalista de la USO por que se mantenga el recurso petrolero en manos enteras de la Nación, no pocas persecuciones ha sufrido el sindicato.

María Chacón e hijos, viuda y huérfanos del combativo luchador de la USO,
Manuel Chacón, asesinado por el Terrorismo de Estado.


En estos 90 años han sido asesinados 104 dirigentes de la USO, heridos decenas en tantas refriegas para apaciguar sus protestas, muchos tuvieron que escoger el camino del exilio para salvar sus vidas y centenares han sido encarcelados.

El país aun está en deuda con la USO. Todas sus víctimas, como los dirigentes Aurya Sará Marrugo, Manuel Gustavo Chacón, Orlando Higuita, y tantos otros, merecen el reconocimiento del Estado y su vindicación histórica en estos tiempos de reparación. Por ello el olvido de la prensa en estos días de memoria de la USO, no es otra cosa que volver a ofender a las víctimas y con ello a todos los trabajadores colombianos.





domingo, 10 de febrero de 2013

10 años del atentado que dejó 36 muertos. Las lecciones de El Nogal


Bush decora Uribe. Dos hombres de guerra y dos fechas con contenido fatal:
Depués el 11 de septiembre de 2001 el mundo fue objeto por la guerra abierta
dirigida desde el Pentágono. El 7 de febrero 2003, Uribe también declaró
su guerra, con la ayuda del Pentágono

. Dos atentados no
investigados con efectos fatales para la paz.




Roberto Romero Ospina
Publicado en Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y Rebelión

Cuando Uribe cumplía exactos seis meses de gobierno, la barbarie se apoderó de Bogotá. En su periodo anterior, eran frecuentes las acciones armadas de todos los bandos sólo en el campo.

Ahora el peor atentado golpeaba a la capital, cuyos habitantes siempre han creído, de cuando en cuando, que la violencia es sólo para “los del monte”. Hasta que la acciones que detonan poderosas bombas les hacen recordar que este es el centro político de la nación y por tanto objetivo militar de quienes fincan sus propósitos de poder en el uso del terror.

Así fue en los años noventa cuando un enloquecido Pablo Escobar llenó de pavor a la ciudad a punta de dinamita durante semanas enteras con centenares de muertos.

Minutos antes de estallar la muerte en el selecto club El Nogal, un viernes de jolgorio como todos los fines de semana, culminaba un gigantesco acto en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Cerca de dos mil personas convocadas por la izquierda, lanzaban su propuesta contra el referendo uribista que pretendía una reforma constitucional, que con el cuento de la lucha contra la politiquería, ampliaba sus poderes. Que por fortuna perdió en octubre de ese año.

Todos a la salida comenzamos a buscar las noticias del atentado. No había duda de que se trataba de una horrenda acción que iba a traer serias consecuencias para la sociedad entera. Se había atacado el corazón de la elite bogotana creyendo sus autores, en su lógica perversa, que la desestabilización del régimen vendría en cuestión de horas arrastrando a todo el país.

Vana creencia. Lo que vino, tras la muerte de 36 personas, incluidos niños y mujeres y más de 200 heridos, muchos de ellos hoy lisiados, fue una respuesta de repudio ciudadano con movilizaciones y con todos los medios encima. Y la ofensiva del Estado contra los opositores amén de la atrevida propuesta de Uribe de acabar con los “terroristas”, incluso con la intervención extranjera.

“Necesitamos que el mundo democrático venga a Colombia a ayudarnos a derrotar el terrorismo. Necesitamos que así como se está dando en Naciones Unidas una discusión sobre el caso Irak, el mundo tome la decisión de ayudar a Colombia. Necesitamos la tecnología de los países democráticos, sus recursos técnicos, sus recursos financieros, sus sistemas de transporte, para que le ayuden a nuestra Fuerza Pública y a nuestra Fiscalía a derrotar a los terroristas”, fueron sus palbras.

El presidente Bush de inmediato salió en su apoyo. Poco después se redoblaría la asistencia militar a Colombia.

Varios sectores de organizaciones de derechos humanos acudieron al medio día del 8 a las instalaciones del club a elevar su protesta por el atentado. Entre sus figuras recuerdo a Ana Teresa Bernal, hoy Alta Consejera para los derechos de las víctimas, de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El recibimiento de ciertos círculos allí no fue el mejor que con rechiflas y gritos demostraban las aristas de la polarización maniquea entre buenos y malos y que atizaría siempre Uribe.

La solidaridad con las víctimas, y sobre todo el rechazo a la barbarie, nunca tienen que pedir permiso.

Hoy, una década después de los graves hechos de El Nogal, cuyas heridas no restañarán nunca, la lección para la nación entera es que el camino del terror o el de las acciones de insana retaliación, a nombre de lo que sea, -aunque hasta ahora nadie ha reivindicado lo indesagraviable- jamás tendrán futuro. Como nunca lo han tenido.

Una década donde tampoco, como en las cuatro anteriores, no ha habido un solo día de paz. Por el contrario, se ha intensificado el conflicto con decenas de miles de muertos en todo el país, con decenas de Nogales, si sumamos todas las tragedias.

Para las 36 víctimas mortales de El Nogal, a todos sus familiares, desde estas páginas, como todos los años, nunca habrá olvido.



NOTA DE REBELIÓN:
Sobre este tema, recomendamos el interesante articulo de Dick Emanuelsson: La otra historia oculta del atentado de El Club Nogal el 7 de febrero 2003 en Bogota (https://www.anncol.eu/index.php/opinion/dick-emanuelsson-anncol/1596-feb-7-la-otra-historia-oculta-del-atentado-de-el-club-nogal-el-7-de-febrero-2003-en-bogota)

jueves, 31 de enero de 2013

Acción internacional de solidaridad: Caso Masacre de Mondoñedo





La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, esta promoviendo ante la comunidad Internacional de DDHH, la presente acción para que con carácter urgente las ONG envíen al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá-Colombia-Sur América, ubicado en la Calle 31 No. 6-20 Piso dos(2)Telefax 3230102-2888943/697 y correo electrónico: septimopenalespecializadobta@gmail.com; un comunicado exigiendo verdad, justicia y reparación en  dicho Proceso No. 11001-31-07-007-2011-0027(1371-7),
donde se esta enjuiciando al Mayor de la Policía Nacional HECTOR EDISSON CASTRO CORREDOR, por los delitos de Secuestro Extorsivo Agravado y Homicidio Agravado.

Jenner Alfonso Mora


RESUMEN DEL CASO
El seis de septiembre de 1996 los jóvenes Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora y Juan Carlos Palacio Gómez salieron de sus casas en la ciudad de Bogotá y nunca más regresaron. El siete de septiembre del mismo año los universitarios fueron encontrados en el basurero del municipio de Mondoñedo ubicado en la hacienda Fute cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha. En hechos relacionados, fueron asesinados los jóvenes Martín Alonso Valdivieso y Federico Quesada, en el barrio Fontibón y Argelia de Kennedy, respectivamente, estos eran amigos de los encontrados en Mondoñedo.
Semanas antes estos jóvenes universitarios habían sido señalados de ser miembros de las FARC por un hombre que respondía al nombre de Julio Chaparro Nieto, quien supuestamente integraba la Red Urbana del grupo armado.

Para investigar estos crímenes, catalogados como de Lesa Humanidad se facultó a una Fiscal Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, quien consideró los hechos como secuestro, tortura y homicidio agravado. Además dictó medida de aseguramiento con detención preventiva contra el capitán José Humberto Rubio Conde, comandante del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN para la época de los hechos, y contra los policías José Albeiro Carrillo, José Ignacio Pérez Díaz, Ferley Alfonso Pineda, William Nicolás Chitiva, Rodrigo Cobos Saldarriaga y Onasis Bastidas. Así mismo se vinculó a la investigación al teniente Héctor Edison Castro Corredor. Sin embargo la investigación contra este precluyó.
La Fiscalía Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución de acusación contra los miembros del mencionado grupo de la DIJIN, sin haber vinculado al proceso al capitán de la Policía Carlos Alberto Niño, oficial quien estaba al mando del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN en reemplazo del Comandante titular capitán José Humberto Rubio durante su ausencia, en la fecha en que se cometieron los delitos. Precluyó la investigación favoreciéndolo y al teniente, quien realizaba labores de inteligencia a las víctimas. Pese a la acusación contra los miembros de la DIJIN, estos gozaban del beneficio de libertad provisional por vencimiento de términos.

La Fiscal Delegada que inició la investigación y vinculó a los miembros de la DIJIN tuvo que salir del país con su familia por amenazas. Ocurrió lo mismo con un familiar de una de las víctimas.
El mayor Castro fue señalado por el suboficial William Chitiva de participar en la masacre por presuntamente pertenecer al frente urbano de las FARC. La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación en contra del oficial, quien realizó los seguimientos. Desafortunadamente el suboficial William Chitiva fue asesinado en 2007 en la ciudad de Cúcuta, poco después de ampliar su acusación contra otros miembros de la DIJIN.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo de 2009 invalidó la preclusión frente a Héctor Castro Corredor y ordenó la reposición del trámite investigativo, lo que correspondió por reparto a la Fiscalía Séptima de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que dictó resolución de acusación contra el ahora Mayor de la Policía y calificó los hechos como secuestro y homicidio agravado sin tener en cuenta los delitos de concierto para delinquir y tortura catalogados como Crímenes de Lesa Humanidad.

En 2003 el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años a los agentes por los delitos de secuestro, tortura y homicidio agravado y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para abrir investigación por los mismos delitos contra los capitanes de la Policía Nacional Carlos Alberto Niño, y al mayor Héctor Edison Castro. Sin embargo, la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, quien es una de las ONG que  lleva el caso, viene denunciando las muchas dilaciones, lo que apunta de alguna manera a proteger a los altos oficiales implicados en la masacre.
El estado actual del proceso es que esta en la etapa del juicio oral en la evacuación de pruebas solicitadas por la defensa del Mayor CASTRO CORREDOR, la cual se llevara a cabo el próximo jueves 14 de febrero de 2013 a las 9AM.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Los primeros fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, del siguiente modo:

“Los hechos que dieron origen a la presente investigación tuvieron ocurrencia los días seis y siete de septiembre de mil novecientos novena y seis, cuando los hoy occisos: VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO, JUAN CARLOS PALACIOS GÓMEZ, ARQUÍMEDES MORENO MORENO, FEDERICO QUESADA y MARTÍN ALONSO VALDIVIESO BARRERA, salieron de sus casas con rumbo a la “bolera” el Salitre donde tratarían asuntos relacionados con su seguridad, ante el seguimiento que se les estaba haciendo por parte de miembros de seguridad oficiales con la finalidad de atentar contra sus vidas. Al día siguiente, los familiares de los ya citados ciudadanos, tuvieron noticia de su muerte en la vereda Fute ubicada en la vía que conduce de la Población (sic) de Mosquera a Soacha y a la Mesa, sitio denominado “Alto de Mondoñedo”, donde en efecto hallaron los cuerpos de los cuatro primeros y los dos últimos muertos en la horas de la mañana del día siete de septiembre, en el Barrio (sic) Argelia de Kennedy QUESADA y VALDIVIESO BARRERA en la jurisdicción de Fontibón, por sujetos que se movilizaban en una camioneta roja doble cabina y como quiera se presumió cierta relación con los primeros muertos se unificó la investigación.

2. Teniendo en cuenta los lugares en los cuales se ejecutaron cada uno de los hechos se iniciaron varias investigaciones por separado, por lo que la Dirección Nacional de Fiscalías, mediante resolución No. 0226 de 1 de noviembre de 1996, dispuso reasignarlas a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en donde fueron unificadas.
3. El 6 de junio de 1998, el teniente CASTRO CORREDOR fue vinculado a la investigación por medio de indagatoria[1] en la que refirió que entre sus funciones en la DIJIN estuvo a cargo del Blanco Subversión para la época de los hechos, pero que no tuvo ninguna relación con los homicidios investigados. Que la Fiscalía mediante comisorio les ordenó realizar actividades de vigilancia y seguimiento para saber quiénes integraban de la red urbana de las FARC, ante lo cual asignaron a dos policías, cuyos nombres no recordó, para que efectuaran esas labores con base en los datos incorporados en la solicitud, sin embargo en el campo operativo nunca tuvieron ninguna actividad, como capturas.

4. La Fiscalía, con base en las pruebas recopiladas en la investigación, el 3 de agosto de 1999, profirió resolución de acusación en contra de José Albeiro Carrillo Montiel, Rodrigo Cobo Saldarriaga, Onasis Bastidas Quimbayo, José Ignacio Pérez Díaz, Carlos Ferlein Alonso Pineda y William Nicolás Chitiva González por los delitos de secuestro y homicidio agravado[2].

5. El 7 de junio de 2001, la Unidad Nacional de Derechos Humanos calificó el mérito sumarial de la investigación que por los mismos hechos adelantó a los oficiales de la Policía Nacional José Humberto Rubio Conde y HÉCTOR EDISSON CASTRO CORREDOR con preclusión de la instrucción, decisión que fue confirmada, el 6 de septiembre de 2001, por el Fiscal Veintidós de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil.

En dicha providencia, el Fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos expresó que el capitán Rubio  Conde era titular del Grupo Armados Ilegales de la DIJIN desde enero de 1996, y que bajo su mando se realizaron labores de inteligencia en contra de la red urbana de las FARC, responsable del atentado terrorista perpetrado el 30 de mayo de 1995 en la Estación de Policía de Kennedy.

No obstante, del 3 al 6 de septiembre de 1996, dicho oficial estuvo apoyando una comisión de fiscales que investigaba actividades de narcotráfico en lo que se conoció como la “Operación Platino I”, retornando a la ciudad a las 11 p.m. del 6 de septiembre del referido año.

En esos días el control del personal del Blanco Antisubversión estuvo a cargo del teniente EDISSON CASTRO CORREDOR, quien, desde 1995, tenía conocimiento de los detalles de la investigación adelantada por el atentado a la Estación de Policía de Kennedy, pues con los agentes bajo su mando individualizó e identificó a los integrantes de la red urbana de las FARC, a la cual pertenecían los jóvenes ultimados.

Así, del 2 al 7 de septiembre de 1996, fue el jefe del Grupo Antisubversión, encargado de la planeación, ejecución y control de actividades de su competencia y del personal asignado al mismo.

Sin embargo, no estableció la responsabilidad del referido oficial en los hechos del 5 y 6 de septiembre de 1996, porque la prueba no cumplía con los presupuestos del artículo 441 del Código de Procedimientos Penal, es decir, no confluía pluralidad de indicios graves, pues no se pueden deducir por el hecho de haber estado encargado de la unidad mediante orden legítima.

Tampoco se podía derivar compromiso penal por haber estado encargado del “Flanco Subversión” y realizado vigilancias y seguimientos a los miembros de la red urbana de las FARC, misión que según lo demostrado no efectuó en forma personal el teniente CASTRO CORREDOR, sino que fue ejecutada a través de los policiales a su cargo.

En materia de prueba directa, también aparece que el señor Alfonso Mora León no refirió que el citado oficial estuviera involucrado en el delito, sólo dijo que su ‘fuente’ le hizo saber que la ejecución de los crímenes estuvo al mando del capitán Rubio Conde; además, aquél es testigo de oídas en cuanto refiere lo que le contaron otras personas, situación ante la cual era necesario saber del propio informante o fuente todos los pormenores que rodearon su conocimiento de los hechos y de sus autores.

6. El 9 de julio de 2001, el señor William Nicolás Chitiva González, dentro del trámite de beneficios por colaboración No. 059([3]), manifestó que deseaba aclarar lo relacionado con la sindicación que afrontaba por el homicidio de los miembros de las FARC, revelando quiénes fueron los autores de la masacre. En tal sentido, dijo que llegó a la SIJIN a finales del año 1993, en donde fue destinado al Grupo de Inteligencia, compuesto a su vez por los grupos de contrainteligencia y de inteligencia, en donde tuvo oportunidad de conocer a los agentes Pérez Díaz José, Carrillo Montiel, Cobo Saldarriaga y Bastidas Quimbayo.

Después de algunos meses, conoció que el agente Carrillo Montiel estaba infiltrado en la red urbana de las FARC y que el grupo contaba con un informante de nombre Chaparro, a quien conoció a finales de 1993 con el nombre de Carlos Chaparro quien era miembro activo de la referido agrupación ilegal, así mismo le efectuaron seguimientos a Marbel Zamora Pérez (otro guerrillero).

Lo trascendental de su versión es que asegura que él no participó en los hechos, pero quienes fueron sus autores le comentaron lo ocurrido y admitieron ante él haber cometido el múltiple homicidio y estar confiados de que judicialmente no les pasaría nada porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas, esto último se lo manifestó el capitán Niño Flórez[4].

7. El 3 de agosto de 2001, en la audiencia pública dentro del proceso que se le adelantó por la Masacre de Mondoñedo hizo un relato similar, con fundamento en el cual el juez ordenó la expedición de copias del acta respectiva, a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes.

8. En el fallo con el cual puso término al proceso, otorgó plena credibilidad a lo afirmado por Alfonso Mora León y William Nicolás Chitiva González, precisando respecto de éste que a pesar de que no estuvo presente en el escenario delictivo, participó en las reuniones que posteriormente realizaron los autores materiales del hecho para concertar cómo desviarían las investigaciones que se iniciaron con ocasión de los hechos delictivos.

Culminó absolviendo a Rodrigo Cobo Saldarriaga, Onasis Bastidas Quimbayo y William Nicolás Chitiva González, al tiempo que condenó a José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz Y Carlos Ferlein Alonso Pineda a 40 años de prisión y multa de 1.200 salarios mínimos legales vigentes, como autores de las conductas delictivas de secuestro y homicidio agravado.

9. Esta sentencia fue confirmada por La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.





CONSIDERACIONES

Colombia ha hecho parte de los principales instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, por lo tanto el Estado se obligó a implementar instrumentos, escenarios y procedimientos para proteger los derechos de las personas y su dignidad, esto consiste en el cumplimiento de verdaderas “obligaciones de hacer” por parte del Estado, que permitan una eficaz garantía de los derechos, teniendo el Estado colombiano el deber jurídico de prevenir, investigar, identificar, imponer sanciones y asegurar una adecuada reparación a las víctimas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS
1. El derecho a la verdad es el que tienen las víctimas de saber lo que realmente sucedió, el deber de recordar; el derecho de las víctimas a saber. Esto comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El conocimiento por parte del pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas encaminadas al deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
2. El derecho a que se haga justicia que tiene que ver con la garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos deberes para las autoridades, que pueden identificarse así: El deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. La jurisprudencia constitucional ha señalado el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia.
1. El derecho a la reparación integral del daño. De acuerdo con los parámetros establecidos por la ONU en el informe sobre la actualización de los principios para la lucha contra la impunidad, un programa de reparaciones administrativas debe comprender una categoría amplia de delitos para ser reparados, como condición de credibilidad del programa y debe incluir medidas judiciales de reparación, de lo contrario, “se corre el peligro de que los beneficios que distribuye se vean como la moneda con la que el Estado intenta comprar el silencio o la aquiescencia de las víctimas y sus familias”.
El derecho de reparación, también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.
La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.



SOLICITUDES

1.    Nuestra organización va a estar muy pendiente para que se respete los derechos de las victimas y se produzca un fallo después de tantos años de impunidad.
2.    Daremos a conocer de esta ejecución extrajudicial a la comunidad de DDHH, de nuestro país y las autoridades internacionales sobre la materia.
3.    Exigimos verdad, justicia y reparación en el caso Masacre de Mondoñedo.





URGENTE PRONUNCIAMIENTO

Solicitamos a las Organizaciones Solidarias y de Derechos Humanos de Carácter   Internacional,  al Movimiento Social y Popular, y a los Medios de Comunicación, DIFUNDIR la presente ACCIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD y enviar sus cartas de respaldo a las siguientes entidades:



JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA
Doctora
SUSANA RODRIGUEZ CARO
JUEZ
Calle 31 No. 6-20 Piso dos(2)Telefax 3230102-2888943/697 y correo electrónico: septimopenalespecializadobta@gmail.com

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail:
fsantos@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República
ANGELINO GARZÓN
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail:hernanulloa@presidencia.gov.co

RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia
Carrera 9a.
No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820


CARLOS FRANCO
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co

JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor Nacional del Pueblo
Fax: (+571) 640.04.91
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co

CON COPIA A:

Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA
Carrera 6 No. 11-54 Oficina 608 edificio La Libertad Bogotá-Colombia
E-Mail:eum.brigadajuridica@gmail.com

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street NW
Washington, DC, 20006
Estados Unidos
E-mail: cidhoea@oas.org, cidhdenuncias@oas.org, apizarro@oas.org

Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De
Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101.
Edificio Teleport Bussines Park Bogotá, D.C.
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.c

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA –OMCT-
GINEBRA -Suiza
omct@omct.org;


JUNTA DIRECTIVA


Enero 30 de 2013





[1] Cuaderno de Copias No. 6, folios 132 a 137
[2] Cuaderno de copias No. 13, folios 232 a 260
[3] Cuaderno de copias No. 16, folio 2
[4] Ibídem, folios 13 y 14